La condena a Bolsonaro es un recordatorio global de la importancia de la Justicia como freno a las derivas autoritarias
NotMid 14/09/2025
EDITORIAL
La condena a 27 años de cárcel contra Jair Bolsonaro por su implicación en el intento de golpe contra Lula da Silva reafirma un principio democrático hoy cuestionado por el populismo autoritario: que los gobernantes están sometidos a la ley y al Estado de derecho, garantizados por una justicia independiente capaz de frenar sus excesos. En definitiva, que ningún líder, por mucho respaldo popular que tenga, puede situarse por encima de la Constitución.
El precedente sentado por Brasil con la primera pena de prisión a un ex presidente de la historia del país tiene un alcance que trasciende a la región latinoamericana, con una larga tradición de asonadas militares, e impacta de lleno en un debate global que, de manera preocupante, empieza a poner en duda la democracia como sistema caduco y a jugar con la idea de un gobierno eficaz de hombres fuertes que pongan su voluntad por encima de la legalidad.
El propio Donald Trump se declaraba ayer «sorprendido» por la sentencia brasileña, que castiga un intento de quebrar el orden constitucional que en su caso quedó impune tras el asalto al Capitolio. La actuación del presidente de EEUU en el caso Bolsonaro ha traspasado todos los límites para convertirse en una inadmisible injerencia política en un país extranjero, al atacar su independencia judicial por dos vías: la imposición de un castigo arancelario del 50% a Brasil y las sanciones contra el juez Alexandre de Moraes, instructor del proceso contra el aliado ideológico de Trump.
En el caso de Europa, mandatarios como el húngaro Viktor Orban o el polaco Jaroslaw Kaczynski también se han caracterizado por sus ataques a la separación de poderes, a través de reformas para nombrar jueces a dedo que han provocado un choque con la UE. En todo país, también España, los ataques a la Justicia desde el poder son un síntoma de deterioro institucional.
El alcance de la decisión judicial de Brasil -con un pasado de impunidad durante la dictadura militar (1964-1985)- no esconde, sin embargo, la profunda brecha política abierta en un país fuertemente polarizado entre partidarios y detractores de Bolsonaro, considerado por amplios sectores de la sociedad brasileña como una «víctima» del Tribunal Supremo. Un relato reforzado por el voto discrepante del juez Luiz Fux, que pidió absolver al ex presidente por falta de pruebas, y que puede dar oxígeno al regreso del bolsonarismo en las elecciones de 2026.
En estas circunstancias será complejo reconstruir el consenso, un desafío que recaerá sobre el presidente Lula da Silva, cuya trayectoria también está marcada por condenas judiciales relacionadas con la corrupción y el clientelismo político que fueron anuladas en un proceso polémico, y cuyo discurso a menudo contribuye más a la división que a la reconciliación del país.
Pese a todo, la sentencia contra Bolsonaro es un recordatorio ante el mundo de que en una sociedad democrática ningún mandatario tiene garantizada la impunidad. Solo una justicia independiente y unas instituciones robustas pueden frenar cualquier deriva autoritaria, sea del signo que sea.
