La declaración judicial del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar no exime de responsabilidad a la Generalitat en la gestión de la tragedia, pero sí apuntala la versión de Mazón
NotMid 22/09/2025
EDITORIAL
La declaración judicial que prestó el viernes Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), acredita que sí hubo apagón informativo durante la trágica dana del 29 octubre de 2024. El máximo responsable del organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica ha admitido que la primera información sobre el aumento del caudal del barranco del Poyo no la tuvo hasta bien entrada la tarde -cuando ya se había inundado Paiporta, por ejemplo-, tal como apuntó la Guardia Civil en un informe desacreditado por la jueza Nuria Ruiz Tobarra. En concreto, entre las 16.15 y las 18.43 horas, es decir, entre el último correo de la CHJ informando del descenso del caudal en el Poyo y el primero alertando de que ya casi iba desbordado, se produjo un vacío informativo que lastró la toma de decisiones. Este hecho no exime de responsabilidad a la Generalitat en la gestión de la emergencia, pero sí apuntala la versión de los cargos imputados y del propio Carlos Mazón. A preguntas del fiscal, Polo no solo negó que en el Cecopi se abordara la rotura de la presa de Forata -contradiciendo así a la mayoría de los testigos-, sino que ha justificado la falta de avisos sobre el Poyo, hasta el punto de considerar que «no era relevante», lo que resulta inexplicable teniendo en cuenta que su desbordamiento provocó la mayor parte de las 229 víctimas mortales.
El presidente de la CHJ, tras 11 meses de oneroso silencio, solo ha dado la cara forzado por la citación judicial, extremo incompatible con la gravedad de la catástrofe que asoló Valencia. La ausencia de explicaciones tras la dana frustra la fiscalización crítica de una tragedia que exige depurar responsabilidades en todos los niveles administrativos.
