La independencia judicial no es una aspiración teórica: es la piedra angular de cualquier democracia que se precie.
NotMid 13/10/2025
EDITORIAL
El dictamen de la Comisión de Venecia sobre el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supone un revés rotundo para el Gobierno y para su pretensión de mantener bajo control político al Poder Judicial. Bruselas y el Consejo de Europa llevan años advirtiendo de la anomalía que representa en España un sistema de elección del CGPJ en el que los partidos se reparten las cuotas de poder. La institución europea vuelve a recordarlo ahora con la autoridad moral y técnica que le corresponde: un Estado de Derecho sólido exige que sean los jueces quienes elijan a los jueces. Solo así puede garantizarse que ninguno de ellos deba su posición a un partido, y que las decisiones judiciales no estén bajo la sombra de la sospecha política.
El aviso es nítido y debería bastar para que el Ejecutivo abandonara su obstruccionismo. Pero todo indica que el Gobierno de Pedro Sánchez, lejos de enmendar sus prácticas, insistirá en el discurso victimista y en la manipulación de las conclusiones de Venecia, como ya hizo con el dictamen sobre la Ley de amnistía. Aquel informe fue contundente al señalar que la norma vulneraba la separación de poderes, pero el Gobierno pretendió presentarlo como un aval, negando la evidencia y diluyendo la crítica en un relato autocomplaciente.
La independencia judicial no es una aspiración teórica: es la piedra angular de cualquier democracia que se precie. En los últimos años, el Ejecutivo ha traspasado todas las líneas rojas al convertir en costumbre la descalificación pública de jueces y fiscales, al poner en duda la legitimidad del Tribunal Supremo y al convertir la Fiscalía General en un instrumento al servicio de su supervivencia política. En este contexto, las recomendaciones de la Comisión de Venecia adquieren un valor aún más decisivo. Urge acometer una reforma integral del sistema de elección del Consejo conforme a los estándares europeos, que son también los de la sensatez y la decencia institucional.
El actual Consejo, bajo la presidencia de Isabel Perelló -la primera elegida por sus propios compañeros y no por los partidos-, ha demostrado que otra forma de gobernar la Justicia es posible. Con su firmeza y equilibrio, Perelló ha logrado mantener el rumbo del órgano en medio de la tormenta, impulsando nombramientos basados en criterios profesionales y preservando la dignidad de la judicatura frente a la campaña de ataques y presiones del Gobierno. Su liderazgo constituye la prueba de que, cuando se aparta la política, la Justicia funciona.
España no puede permitirse seguir instalada en la excepcionalidad democrática que supone un Consejo rehén de las cuotas partidistas. Las advertencias de Venecia y de la Unión Europea no son una injerencia, sino una defensa del Estado de Derecho y, por tanto, de los propios ciudadanos. Corresponde ahora al Gobierno y al bloque progresista escuchar con humildad y actuar en consecuencia. La independencia judicial no es negociable. Es la condición misma de la libertad.
