NotMid 04/12/2025
EDITORIAL
La demanda que Silvia Intxaurrondo ha interpuesto contra RTVE representa una llamativa falta de lealtad hacia la corporación por parte de su presentadora estrella, además de una frívola manera de manejarse con el dinero público, que ella parece creer destinado a incentivar su incuestionable sesgo partidista. Intxaurrondo exige cantidades estratosféricas, fuera de los límites del convenio que se aplica al resto de los trabajadores. Cabe preguntarse por qué se considera acreedora de semejante trato de privilegio.
La comunicadora vio reducidos a la mitad sus ingresos después de que la Inspección de Trabajo detectase que había sido contratada de forma fraudulenta a través de una sociedad mercantil. En la demanda, cuyo contenido desvelamos hoy, Intxaurrondo pide recuperar las cifras inicialmente pactadas. Al hacerlo, refrenda la verdad de las informaciones que se han venido publicado, a pesar del empeño que reiteradamente ella misma ha mostrado en rectificarlas. Y reconoce que, en efecto, cobraba 250.000 euros al año.
Repugna a la deontología profesional y destruye cualquier mínima aparencia de neutralidad que una periodista aceptase negociar condiciones tan excepcionales para TVE en el momento más crítico de la campaña electoral de 2023, cuando más sensible para el poder político era su trabajo, hasta el punto de que la apertura del expediente de contratación coincide con el día de su entrevista con Alberto Núñez Feijóo.
