NotMid 06/12/2025
ASIA
El pasado 26 de noviembre, un devastador incendio en el complejo de viviendas Wang Fuk Court cobró la vida de más de 150 personas y dejó a otras 2.100 sin hogar, con decenas de desaparecidos. La catástrofe ha expuesto fallos de seguridad críticos y ha provocado una ola de indignación pública. Sin embargo, a diferencia de tragedias pasadas que impulsaron reformas políticas, el gobierno de Hong Kong parece ahora más enfocado en suprimir la disidencia que en implementar cambios estructurales.
La Causa: Negligencia y Corrupción
El incendio se desató en una sección de andamios de bambú y se propagó rápidamente a través de materiales de baja calidad, como telas, redes y poliestireno, utilizados por el contratista. Los hechos más condenables incluyen:
- Alarmas Desactivadas: Las alarmas contra incendios habían sido anuladas para la comodidad de los trabajadores.
- Quejas Ignoradas: Durante más de un año, los residentes—muchos de ellos mayores de 65 años—habían denunciado la mala calidad de los materiales, el hábito de fumar en la obra y el historial de infracciones de seguridad del contratista.
- Detenciones: En los días posteriores, las autoridades realizaron 15 arrestos por presunto homicidio involuntario y 12 por supuesta corrupción.
Ante la presión, el líder de Hong Kong, John Lee, anunció el 2 de diciembre la creación de un comité independiente, dirigido por un juez, para revisar la causa del incendio.
Un Precedente Histórico de Reforma Rota
Históricamente, los grandes incendios han sido catalizadores de reformas sociales y políticas en la ciudad:
- 1953 (Incendio de Shek Kip Mei): Dejó a 58.000 personas sin hogar, lo que impulsó la creación del masivo programa de vivienda pública de Hong Kong.
- 1996 (Incendio con 41 muertos): Resultó en una comisión de investigación independiente que reformó drásticamente las normas de construcción y seguridad.
Sin embargo, esta vez, el camino de la reforma parece improbable. En su lugar, el gobierno se ha movilizado rápidamente para controlar la tensión política y cualquier indicio de protesta.
El Control de la Disidencia y la Ley de Seguridad Nacional
El incendio se produce en un contexto donde las protestas públicas están prohibidas desde la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en 2020. Las autoridades han actuado con una nueva intolerancia hacia la disidencia:
- Represión Activa: Se ha ordenado la disolución de grupos de voluntarios que intentaban ayudar a las víctimas.
- Arrestos Políticos: La policía detuvo a un ciudadano que solicitaba una investigación independiente por “intención sediciosa” y a un voluntario y un exconcejal por sospecha de “incitar al odio contra el gobierno”.
- Censura: Una conferencia de prensa organizada por la sociedad civil sobre el desastre fue cancelada después de que la policía citara a varios de los oradores previstos.
El Sr. Lee, por su parte, ha evadido las preguntas sobre la gobernanza local y se ha centrado en acelerar los planes para eliminar gradualmente los andamios de bambú, un gesto que, según los críticos, no aborda las causas de fondo. Además, la comisión que propuso carece de la facultad de citar a testigos o declarar responsabilidades penales, lo que genera dudas sobre si permitirá a las autoridades tener mayor influencia sobre las conclusiones.
Las Elecciones del 7 de Diciembre: La Prioridad del Gobierno
La principal prioridad del gobierno parece ser mantener el orden antes de las elecciones al Consejo Legislativo del 7 de diciembre. Esta será la segunda votación desde que Beijing restringió la participación solo a los candidatos considerados “patriotas” (simpatizantes del Partido Comunista Chino).
Antes del incendio, las autoridades ya estaban presionando por una participación masiva para dar una apariencia de legitimidad al proceso. La primera elección bajo este nuevo sistema, en 2021, registró una participación históricamente baja del 30,2%, vista como una protesta silenciosa.
Legisladores progubernamentales, como Regina Ip, predicen que “la participación será menor de lo inicialmente deseado”. Esta baja afluencia no solo desagradaría a los gobiernos de Hong Kong y Beijing, sino que podría ofrecer una medida silenciosa de la profunda indignación pública que ha generado la tragedia de Wang Fuk Court.
Agencias
