Pedro Sánchez es el primer presidente en ejercicio obligado a comparecer en las Cortes para dar explicaciones por corrupción.
NotMid 09/10/2025
EDITORIAL
La citación de pedro Sánchez ante la comisión del Senado que investiga el caso Koldo representa un hecho excepcional en democracia. No sólo porque es el primer presidente en ejercicio obligado a comparecer en las Cortes para dar explicaciones por corrupción, sino porque su declaración se producirá bajo el cerco judicial más grave que haya rodeado jamás a un jefe del Ejecutivo. Su esposa, su hermano y «su» fiscal general están procesados; quienes han sido sus dos principales colaboradores, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, están investigados por corrupción. Este último se encuentra implicado en el informe de la UCO que ha descubierto sobres de billetes no declarados por el PSOE para él y Koldo García, con la acrecentada sospecha en torno a la financiación irregular del partido. Que el presidente tenga que responder en sede parlamentaria por estos escándalos define la anomalía institucional en la que se asienta la legislatura.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha recurrido a la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta para forzar su comparecencia después de que Sánchez haya convertido la rendición de cuentas en una excepción permanente. En el Congreso rehúye cada pregunta sobre la corrupción en su entorno, desviando el debate hacia otros temas. Tampoco habla con medios no afines y ha llegado a proclamar que gobernaría «con o sin el concurso del Poder Legislativo». Su reacción al conocer la citación -una risa despectiva- resume su desdén hacia las Cortes y hacia la función de control al Gobierno que la Constitución les otorga.
El presidente se enfrentará ahora al imperativo de aclarar lo que hasta hoy se ha negado a explicar: cómo su influencia generó espacios de descontrol e impunidad a su alrededor, poniendo a su hermano y a su mujer al borde del banquillo. Es previsible que su estrategia vuelva a ser la de eludir el fondo y envolverse en retórica victimista, aunque en ese foro esté obligado a decir la verdad, o que decida no declarar, algo inédito y que supondría otro insulto a las Cortes. Pero su comparecencia no es una opción, sino una necesidad. La transparencia no puede limitarse a un cínico eslogan, menos aún cuando las investigaciones judiciales apuntan a un patrón de corrupción sistémica.
El contexto no puede ser más adverso. La Universidad Complutense se ha personado como acusación en la causa contra Begoña Gómez por apropiación indebida en el caso del software desarrollado por empresas privadas con fondos públicos, que según la universidad le produjo un perjuicio económico de al menos 100.000 euros. El relato populista del lawfare se resquebraja cada día que pasa. Al mismo tiempo, Sánchez apenas puede legislar, carente de mayoría parlamentaria, bajo la constante amenaza de Junts y Podemos, que ayer acabó confirmando su impostura permitiendo la aprobación del embargo de armas a Israel y la Ley de Movilidad Sostenible.
La comparecencia en el Senado será, por tanto, algo más que un trámite político: una prueba de respeto institucional. Si Sánchez opta por eludir responsabilidades y convertir la sesión en otro ejercicio de propaganda, su desprecio quedará registrado en el diario de sesiones como un nuevo capítulo del descrédito que su Gobierno proyecta sobre las instituciones.
