Elevar las nóminas en Cataluña, tal como exige Junts al Gobierno, ahondaría en las diferencias territoriales entre pensionistas
NotMid 19/05/2025
EDITORIAL
El debate sobre las diferencias interterritoriales en el sistema público de pensiones se ha reavivado como consecuencia de la exigencia de Junts a Pedro Sánchez para que eleve las nóminas en Cataluña, lo que vuelve a retratar el carácter segregador que anida en las filas independentistas a las que el Ejecutivo permanece atado. De consumarse, esta medida no haría más que ahondar en la brecha de desigualdad territorial entre pensionistas. Sería un cambio parcial y profundamente insolidario, lejos de la reforma de calado que necesita el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad.
En plena negociación para la reducción de la jornada laboral, el partido de Carles Puigdemont ha puesto encima de la mesa una serie de exigencias, incluida la de subir las pensiones en Cataluña. A través de una moción en el Senado, Junts asegura que el modelo actual de fijación de las pensiones en España «no responde a la realidad territorial», ya que en Cataluña el coste de la vida es «un 7,6% superior a la media estatal, pero los ingresos de los trabajadores y pensionistas no reflejan esa diferencia». La realidad es que Cataluña es ya una de las siete comunidades autónomas -junto al País Vasco, Asturias, Madrid, Navarra, Cantabria y Aragón- en las que las pensiones son superiores a la media nacional. En contra de lo que denuncia Junts, en Cataluña se están cobrando pensiones hasta un 7% más altas que en el resto de España. Es una proporción que casi coincide con el mayor coste de la vida en esta comunidad, de tal manera que la capacidad adquisitiva se compensa.
Aunque el Gobierno aprueba anualmente un incremento generalizado de las pensiones vinculado a la inflación para todos los pensionistas del país, hay regiones en las que los jubilados perciben nóminas más altas que en otras en función de las carreras laborales. Es el caso del País Vasco, la autonomía con las pensiones más altas de España. De media, los jubilados vascos cobran 1.832 euros al mes, 328 euros más que el resto, que perciben 1.503 euros. En el otro extremo se sitúan Extremadura, Galicia, Murcia y Andalucía, las regiones con las pensiones más bajas. Cabe subrayar que la solidaridad interterritorial constituye uno de los pilares del sistema de pensiones, de modo que los territorios más ricos contribuyen con más cotizaciones a financiar las pensiones de las regiones con menor volumen de población activa. Ello es particularmente importante en un país que lleva dos años sumando más pensionistas que nacimientos.
Más allá del chantaje que ahora pretende imponer el independentismo, el sistema español de jubilaciones lleva años pendiente de una reforma estructural que ningún Ejecutivo se ha atrevido a acometer. A la falta de ingresos del sistema se suma una revalorización de las pensiones de claro tinte populista. Y ni la subida de las cotizaciones impuesta por el Gobierno ni el récord de trabajadores afiliados -más de 21,5 millones- compensan el agujero de la Seguridad Social, cuyo coste cercena las oportunidades de futuro para los jóvenes. El sistema de pensiones no necesita parches, y mucho menos ad hoc para una determinada comunidad, sino cambios de calado articulados desde el rigor y el consenso.
