NotMid 11/11/2025
EDITORIAL
Hacienda, símbolo del deber ciudadano y la responsabilidad colectiva, se enfrenta hoy a una profunda crisis de legitimidad que no proviene del rechazo de los españoles a pagar impuestos, sino de la sensación de arbitrariedad y abuso: ocho de cada diez creen que el sistema no es justo. Como contamos hoy en nuestras páginas de Actualidad Económica, existe una percepción social de voracidad recaudatoria por parte del Estado que lleva a la Agencia Tributaria a ser implacable con los errores mínimos de autónomos y pymes, mientras muestra una indulgencia inaceptable con los grandes defraudadores.
Incluso hay técnicos del organismo que admiten que el sistema ha abandonado la persecución del gran fraude para concentrarse en los contribuyentes más vulnerables. La consecuencia es un deterioro institucional que erosiona el contrato fiscal sobre el que se sostiene la convivencia democrática: cuando el ciudadano deja de creer que todos contribuyen en proporción justa, deja también de sentir que el Estado le pertenece. El resultado es un incremento de la economía sumergida.
El Gobierno tiene una innegable responsabilidad política en la cuestión -que no tiene que ver con la rebeldía fiscal o el impulso evasor, sino con la exigencia de equidad y proporcionalidad-, que pasa por reformar la Agencia Tributaria estableciendo controles internos y límites garantistas.
