La imagen de García Ortiz despojándose de la toga, símbolo de la defensa del Estado de derecho, tiene un valor político y moral difícil de ignorar
NotMid 13/11/2025
EDITORIAL
El juicio al fiscal general del Estado alcanzó ayer su punto de máxima tensión con dos escenas que nunca deberían haberse producido, pues retratan, en toda su gravedad, la quiebra institucional provocada por el Gobierno y encarnada por el servilismo de Álvaro García Ortiz. En la quinta sesión celebrada en el Tribunal Supremo, la abogada del Estado se enfrentó de manera áspera a la Guardia Civil en defensa de un acusado que se despojó de la toga y de las puñetas para responder sólo a las preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía. La secuencia resume la honda degradación de un Estado que parece devorarse a sí mismo, víctima del uso partidista de sus instituciones.
El jefe de Delitos Económicos de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, fue ayer taxativo: «Durante todo el proceso lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general». El máximo responsable de la investigación sobre la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso se ratificó con contundencia en que el origen de aquella maniobra se halla en la propia Fiscalía General del Estado. Una afirmación de enorme trascendencia que desmonta la narrativa victimista tejida por el Gobierno y por el propio fiscal general.
La forma en que la abogada del Estado Consuelo Castro -anterior abogada general- abordó el interrogatorio resultó insólita. Castro cuestionó incluso con sorna los informes de la UCO y Balas tuvo que defenderse: «La Guardia Civil no hace investigaciones prospectivas».
García Ortiz ha asumido el marco político impuesto por el Ejecutivo, hasta el punto de plantear su defensa mediante una estrategia eminentemente política, incluida la apología del principio según el cual el fin justifica los medios, como se deduce de su alegato final: «La verdad no se filtra, la verdad se defiende». Pero lo que se juzga no es su visión moral de la verdad, sino la presunta revelación de secretos de un particular cuyos datos reservados deben ser custodiados por todo funcionario, más si cabe por la figura mandatada por la Constitución para perseguir el delito.
La UCO ha confirmado, además, la imposibilidad de acceder a los mensajes borrados por el fiscal general y ha detallado cómo el marco temporal y el contenido de la filtración coinciden exactamente con los documentos que sólo obraban en su poder. Son indicios cruciales que apuntan a una responsabilidad directa de García Ortiz en la revelación.
La imagen de García Ortiz desprendiéndose de la toga, símbolo de la defensa del Estado de derecho, para declarar como acusado y sin responder a las acusaciones, tiene un valor político y moral difícil de ignorar. No sólo representa el deterioro de la Fiscalía, sino el del Gobierno que le sostiene. Pedro Sánchez ha convertido el control de las instituciones en un mecanismo de autoprotección. Hoy, ese sistema se vuelve contra él, mostrando las costuras de un Estado instrumentalizado al servicio de un poder personal.
Más allá del resultado del proceso, el juicio a García Ortiz constituye un hito de gravedad democrática. Lo que se dirime en el Supremo no es únicamente la culpabilidad de un funcionario, sino la resistencia de las instituciones ante la deriva de un Gobierno que ha confundido la defensa del Estado con la defensa de sí mismo.
