NotMid 10/01/2026
IberoAmérica
En enero de 2024, Rocío San Miguel sintió, una vez más, el aliento denso de la persecución. Como presidenta de la ONG Control Ciudadano, conocía bien los ciclos de la represión: era año electoral y el triunfo arrollador de María Corina Machado en las primarias había descolocado al Palacio de Miraflores. Ante el fracaso de sus candidatos, el chavismo activó su maquinaria más aceitada: la conspiranoia.
“¿Qué ha dicho Maduro de las conspiraciones de 2023 y 2024?”, cuestionó San Miguel con la precisión técnica que la caracteriza. Solo unos días antes de ser capturada, recordaba que la Constitución garantiza un debido proceso que en Venezuela es letra muerta. Su detención en el aeropuerto de Maiquetía, cuando se disponía a volar a Madrid, la convirtió en el trofeo de la quinta “conspiración” fabricada por el aparato bolivariano.
La racionalidad de San Miguel, de 59 años, siempre fue una anomalía en el disparatado ecosistema revolucionario. Mientras el poder gritaba consignas, ella ofrecía el análisis sosegado que activistas y diplomáticos buscaban para entender el hermético mundo militar venezolano. Durante dos décadas, fue una luchadora indomable en un pulso desigual.
Su historial de resistencia comenzó mucho antes. Desde la década pasada, contaba con medidas cautelares de la CIDH tras ser víctima de la infame “Lista Tascón”. Aquel despido del Consejo Nacional de Fronteras por firmar a favor del revocatorio contra Hugo Chávez fue su bautismo en el apartheid social venezolano. Lejos de amedrentarse, San Miguel compaginó su defensa legal con denuncias valientes, como la expansión transnacional del Tren de Aragua y la presencia de guerrillas colombianas en suelo patrio.
La relevancia de su figura es tal que su encarcelamiento provocó un sismo diplomático: el cierre de las oficinas del Alto Comisionado de la ONU en Caracas. Un giro irónico para un Gobierno que hoy clama ante esos mismos organismos internacionales por la soberanía del país.
El destino, siempre caprichoso en el exilio, ha ubicado en Madrid a dos figuras antitéticas. Por un lado, el general Miguel Rodríguez Torres, antiguo “ojito derecho” de Chávez y exministro del Interior, quien terminó en una mazmorra tras perder el favor de Maduro. Por otro, la sombra de sus acusaciones. Fue Rodríguez Torres quien, desde la cúspide del poder, señaló a San Miguel como “operadora de la CIA”. Hoy, mientras el militar pasea por Madrid de la mano de la diplomacia de Zapatero, San Miguel recupera el aire tras enfrentarse a calumnias similares.
El fiscal Tarek William Saab intentó sustentar su acusación de espionaje en 2024 con pruebas tan ridículas como crueles: mapas de zonas militares que eran de dominio público y que la activista había subido a su web meses atrás como ejercicio de transparencia. Bajo el paraguas del caso “Brazalete Blanco”, el chavismo no solo la golpeó a ella, sino que extendió la saña a su entorno. Su exmarido, Alejandro González —gerente de Chevron—, terminó en el penal de El Rodeo I por el simple “delito” de haber compartido una vida con ella.
Ni una grave dolencia en el hombro ni el aislamiento quebraron la integridad de San Miguel. Su liberación, recibida con alivio por la comunidad internacional, pone fin a un calvario carcelario que nunca debió ocurrir. Rocío San Miguel sale de la celda como entró: con la razón como escudo ante la barbarie.
Agencias