El nuevo informe del Greco constata «falta de determinación y resultados tangibles» en las medidas españolas contra el fraude. El Ejecutivo presume de propuestas en estado embrionario y no ha cumplido aún con ninguna de las 19 recomendaciones
NotMid 02/08/2025
EDITORIAL
El nuevo informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) -adscrito al Consejo de Europa- arrojó ayer un saldo muy negativo en su análisis de las medidas contra la corrupción que ha adoptado el Gobierno español durante los últimos años. En una semana en la que el comisionado del Ejecutivo para la Dana se ha visto obligado a dimitir tras desvelar este periódico que había falsificado su título universitario, y mientras aún quedan por aclarar las numerosas ramificaciones del caso Cerdán, la conclusión del grupo de expertos europeos constata que España sigue sin cumplir de forma completa con ninguna de las 19 recomendaciones que emitió en 2019. El Gobierno de Pedro Sánchez, que llegó a Moncloa con la promesa de regenerar la Administración, ha exhibido sin embargo «falta de determinación y resultados tangibles» en relación, precisamente, con «las altas funciones del Gobierno central», según afea el informe del Greco. Es justamente en este ámbito donde Europa pedía actuar de forma mucho más contundente, y donde, por el contrario, lo que se ha producido ha sido la presunta trama corrupta en torno al Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos, también ex secretario de Organización del PSOE.
El informe, cuya publicación ha bloqueado el Gobierno -como era su prerrogativa- hasta el primer día de agosto, se aprobó el pasado mes de junio y refleja algunas mejorías parciales respecto a la anterior actualización, pero el balance es claramente insuficiente, con 16 recomendaciones solo parcialmente cumplidas y tres que no se han abordado en absoluto. Aunque el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha tratado de congratularse por estos leves avances, la realidad es que se trata de propuestas que todavía están en estado muy embrionario. Entre ellas se encuentran proyectos, anteproyectos e incluso borradores de anteproyecto, así como planes y decretos que, dada la evidente debilidad parlamentaria del Ejecutivo, es altamente improbable que vean la luz durante esta legislatura.
Incluso en los casos en los que una de las medidas que demanda Europa se encuentra más avanzada, como es el proyecto de ley que aprobó el Gobierno en enero para regular la actividad de los lobbies, la aritmética parlamentaria lo está condenando a permanecer durante meses en trámites de enmiendas, sin que sea posible anticipar un final. El resultado, como lamenta el informe del Greco, es que la ley de lobbies «aún no se han materializado», una completa anomalía en términos europeos que el caso Montoro acaba de poner aún más de relieve. Otras propuestas, como el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que Sánchez se vio obligado a anunciar tras el estallido del caso Cerdán, son meros brindis al sol de un Gobierno crecientemente incapaz de sacar adelante cualquier tipo de iniciativa legislativa. En estas condiciones, el tirón de orejas de Europa está más que justificado, pero todo indica que las medidas anticorrupción seguirán estancadas con este Ejecutivo.
