NotMid 30/07/2025
EDITORIAL
Si la situación del fiscal general del Estado era ya insostenible, imputado desde octubre de 2024 por filtrar datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la decisión que adoptó ayer el Tribunal Supremo de desestimar su recurso para intentar evitar el banquillo evidencia la total falta de decoro que supone su permanencia en el cargo, después de que un total de 15 jueces haya avalado ya el procedimiento. Según reafirmó ayer el Supremo, la filtración «fue una actuación coordinada e impulsada personalmente» por Álvaro García Ortiz. Apoya así el auto del juez Ángel Hurtado, que llevaba a juicio al fiscal general del Estado apoyándose, a su vez, en la veracidad de la investigación periodística de EL MUNDO.
Ante esta anomalía democrática, resulta del todo reprobable que Pedro Sánchez aboque al Rey a tener que sentarse junto al actual fiscal general del Estado en la solemne apertura del año judicial, que tendrá lugar el 5 de septiembre en el Supremo. Por su propio sentido de la responsabilidad, García Ortiz debería evitar esa bochornosa imagen, que profundizaría en el deterioro institucional de nuestro país. No es admisible que España tenga al frente de la Fiscalía a alguien sospechoso de haber cometido un delito, motivado además por el deseo de dañar la imagen de una rival política y, en palabras del propio fiscal general desveladas por este diario, «ganar el relato». La institución a la que representa no merece tal vejación.
