En un momento tan crítico, dos magistrados de acreditada independencia presidirán las dos Salas más sensibles para el Gobierno
NotMid 24/07/2025
EDITORIAL
El pacto entre PSOE y PP que hace un año, bajo el forzado arbitrio de la Comisión Europea, desbloqueó la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no fue perfecto, pero permitió que por primera vez desde 1985 el presidente del órgano de gobierno de los jueces fuese elegido por sus compañeros y no por los partidos. Entonces vaticinamos que ese cambio traería consecuencias beneficiosas para la independencia judicial. Es lo que está sucediendo.
Bajo el liderazgo de Isabel Perelló, los nombramientos de Pablo Lucas y Andrés Martínez Arrieta para presidir la Sala de lo Contencioso-administrativo y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo son fruto de ese viraje. En un momento extraordinariamente crítico para la vida pública española y muy delicado para la judicatura, en el que el Gobierno, asediado por las investigaciones de corrupción, lidera una campaña de descrédito contra los jueces, dos magistrados de acreditada independencia e indudable prestigio dirigirán las dos Salas más sensibles del Supremo.
Sus candidaturas concitaron ayer un respaldo holgado en el pleno del CGPJ que rompió la barrera entre el bloque conservador (diez vocales) y el progresista (otros diez). Lucas obtuvo 16 votos y Martínez Arrieta, 15. Ambos fueron propuestos desde el inicio por los vocales conservadores y, si bien se los califica de «moderados», el acierto de su nombramiento no radica ahí, sino en que los dos han demostrado que actúan guiados por criterios estrictamente jurídicos. Sus sentencias y resoluciones han sido a veces lesivas y otras favorables tanto para el PSOE como para el PP. Y esa independencia resulta esencial para los cargos que ocuparán: la Sala de lo Contencioso revisa las decisiones del Consejo de Ministros y la de lo Penal investiga a los miembros del Gobierno y del Congreso, por lo que decidirá sobre procedimientos tan relevantes políticamente como el caso Koldo o el del fiscal general del Estado.
La votación en el Consejo termina con meses de negociaciones que solo se desenquistaron la semana pasada, cuando las candidatas del bloque progresista, Ana Ferrer y Pilar Teso, decidieron retirarse ante el daño institucional que las dos Salas estaban sufriendo. El de Ferrer y Teso ha sido un ejercicio de responsabilidad que merece reconocimiento. Ambas son magistradas de trayectoria contrastada, pero el empeño del Gobierno en que salieran elegidas ha perjudicado su necesaria apariencia de independencia.
Las presiones que el Ministerio de Félix Bolaños ejerce sobre el bloque progresista constituyen un factor de inestabilidad para el Consejo. La realidad demuestra que hay otra manera de hacer las cosas, y es permitir a los jueces que se conduzcan libremente en función de criterios jurídicos y no partidarios. El formidable liderazgo de Isabel Perelló -de sensibilidad progresista- y los difíciles consensos que está logrando tejer son un ejemplo luminoso de ello.
Nosotros defendemos desde su fundación que son los jueces y no los partidos quienes deben elegir a quienes los gobiernan. La fórmula pactada para definir la composición del CGPJ perpetúa, sin embargo, el indeseable reparto de cuotas entre partidos, tan contrario al espíritu de la Constitución como a las recomendaciones de la Comisión Europea. Los nombramientos que está acordando el renovado pleno van por el buen camino. La independencia judicial está ganando. Pero aún queda un enorme e irrenunciable margen de mejora.