Álvaro García Ortiz, atrincherado en su puesto con el apoyo del Gobierno, arrastra por primera vez a la Fiscalía al banquillo
NotMid 03/11/2025
EDITORIAL
El juicio que hoy se abre al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo constituye un hecho sin precedentes que muestra el grado de erosión institucional a la que ha conducido el «muro» erigido por Pedro Sánchez como germen de la discordia social. Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general de España -y el único en la Unión Europea- en ser enviado al banquillo de los acusados, se enfrenta a un delito de revelación de secretos por la filtración de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, lo que reviste una insólita gravedad teniendo en cuenta que el titular del Ministerio Público es, precisamente, el alto cargo constitucionalmente mandatado para defender la legalidad. Imputado desde octubre de 2024, García Ortiz se ha aferrado a un vacío en la ley para continuar en su puesto, una anomalía contraria tanto al espíritu de la norma como al propio sentido común. Su permanencia en la cúspide de la Fiscalía no obedece solo a su oneroso servilismo a Moncloa, sino a una concepción patrimonial del Estado por parte del Gobierno que daña aún más el prestigio de las instituciones y el interés general.
Siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, fuera de toda tacha y encabezados por su presidente, Andrés Martínez Arrieta, serán los encargados de celebrar el juicio. Tal como informamos hoy en Primer Plano, el sentimiento mayoritario en la carrera es que el atrincheramiento de García Ortiz es un «bochorno» para la Fiscalía. El juicio contra él es el resultado de una secuencia que llevó al fiscal general a prestarse a una operación contra una rival política del Gobierno, convirtiéndose así en coartífice -junto a los medios de comunicación afines- de la estrategia del PSOE contra los jueces.
El juez instructor Ángel Hurtado subrayó en el auto de apertura de juicio oral que García Ortiz activó el 14 de marzo de 2024 una respuesta frenética, dando publicidad a datos confidenciales, en concreto, un correo de la defensa del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, imputado por fraude fiscal y falsedad documental, en el marco de las negociaciones para una conformidad. También constató el instructor que la maniobra del fiscal se debió a una motivación última ajena a sus funciones: la de «ganar el relato». A ello se añadió, posteriormente, el borrado de pruebas por parte del propio fiscal, quien eliminó tanto sus mensajes de Whatsapp como los correos de la cuenta en que recibió el material filtrado. Los hechos por los que el fiscal será juzgado suponen un ataque -especialmente grave teniendo en cuenta el rango institucional de GarcíaOrtiz- a los fundamentos del ejercicio de la abogacía y del derecho de defensa.
Tanto en sus informaciones exclusivas como en su planteamiento editorial sobre la trayectoria de García Ortiz, EL MUNDO ha mantenido una posición coherente y honesta en defensa del Estado de Derecho y de la legalidad. Son otros quienes se han visto obligados a virar su militante posición inicial, que incluso llevaron ante notario.
La irresponsabilidad de García Ortiz ha abocado a la institución que encabeza al humillante trance de sentarse en el banquillo de los acusados sin haber presentado antes su renuncia. Si no ha dimitido durante la instrucción penal es por el respaldo de Moncloa a su desacreditada figura. En todo caso, más allá del frentismo divisivo del Ejecutivo, el escandaloso ejemplo de García Ortiz aconseja en el futuro introducir una modificación legal que permita, a fin de proteger la institución, el cese automático del máximo responsable del Ministerio Fiscal si este se halla en una situación procesal como la de su actual titular. El propio fiscal, con un descaro desafiante, se presentó en la apertura del Año Judicial como defensor de «la verdad», señalando así implícitamente la supuesta parcialidad de la Sala que le enjuiciará. La realidad es que será juzgado por la más alta instancia judicial del país, por un tribunal conformado por miembros de distintas sensibilidades y con las especiales garantías que le procura su condición de aforado.
La Justicia prevalecerá. Pero, a la espera de su pronunciamiento, la insólita imagen que hoy protagonizará García Ortiz en el Tribunal Supremo no puede considerarse solo la consecuencia de los indicios que apuntan a su anómala actuación. En el banquillo también se sienta la deriva disolvente que entraña el desprecio del Gobierno a las instituciones y a la separación de poderes.
