Lastrado por la corrupción e incapaz de gestionar, el Ejecutivo ha optado por huir hacia delante dejando al país atrás
NotMid 10/08/2025
EDITORIAL
España cruza el ecuador de la legislatura sumida en una grave parálisis que bloquea la solución de los problemas más acuciantes para los ciudadanos por culpa de la extrema debilidad de un Gobierno sin mayoría ni Presupuestos, sometido al permanente chantaje de unos socios extractivos de los que depende su supervivencia política y lastrado por los casos de corrupción.
La serie de reportajes que estrenamos hoy en nuestras páginas, bajo el título La España que no funciona, bucea en las consecuencias de la falta de respuesta del Ejecutivo para avanzar en multitud de ámbitos que impactan de lleno en el día a día de los españoles y abarcan desde la vivienda a la educación, y desde la movilidad a la inmigración.
Como evidencia del estancamiento legislativo sólo hay que recordar que hoy decaen más decretos-ley que nunca: de los nueve derogados en democracia (donde se han impulsado 745), seis lo han sido bajo gobiernos de Pedro Sánchez. El último, con medidas clave para blindar la seguridad del suministro eléctrico y evitar otro apagón histórico.
Mientras, el Gobierno saca pecho de unas cifras macroeconómicas que no se traducen en una mayor capacidad adquisitiva: la inflación se ha contenido pero los precios siguen presionando al alza, mientras el paro juvenil continúa en cabeza de Europa. Otro de los mantras «progresistas», el de la protección de los más vulnerables, también sufre por la ausencia de una mayoría sólida que hace peligrar la aprobación de las ayudas sociales.
Así, el triunfal relato del Gobierno sobre la buena marcha económica del país se desmiente al bajar a pie de calle, donde los ciudadanos sufren el progresivo deterioro de la calidad de vida. El transporte público, por ejemplo, deja estampas cotidianas de retrasos y colapsos en las estaciones, mientras la falta de renovación de las infraestructuras provoca una y otra vez averías que desatan el caos.
La vivienda se ha convertido en un símbolo de fracaso de gestión. Con el alquiler disparado –subió un 14% en julio y elevó la factura anual del inquilino en 142 euros-, los topes previstos por la ley impulsada en la pasada legislatura han resultado ineficaces para bajar los precios. Mientras, la burocracia continúa paralizando proyectos urbanísticos vitales para descongestionar la demanda por el bloqueo a la reforma de la Ley del Suelo.
El Ejecutivo tampoco ha sabido hallar una solución a la crisis en Canarias, donde la llegada de cayucos ha provocado el colapso de los servicios, a falta de una política migratoria a largo plazo y no de meros parches para reacomodar con cuentagotas a los menores no acompañados. Una situación que da alas al discurso xenófobo de Vox y su llamamiento a las «deportaciones masivas».
Enfangado en las denuncias de corrupción -una lacra a menudo impune por falta de protección legal a quien la denuncia- e impotente para gestionar, el Gobierno ha apostado por huir hacia delante mientras el país se va quedando atrás.
