La lealtad de los vocales del Poder Judicial nunca deber ser hacia un partido, sino hacia la ley y los ciudadanos
NotMid 27/10/2025
EDITORIAL
La ruptura escenificada en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del bloque progresista supone un ataque directo a la independencia de Isabel Perelló, la primera presidenta del órgano elegida por sus compañeros y no por los partidos. La publicación de un comunicado en el que nueve vocales la acusan de «ignorar el consenso» y de «romper la confianza» por votar junto a la mayoría cualificada que exige la ley en la renovación de las comisiones internas no es más que un intento de someterla a la lógica partidista que ha lastrado al Poder Judicial durante décadas. Perelló no ha hecho otra cosa que cumplir su obligación: garantizar que el Consejo funcione y que la pluralidad no se confunda con el reparto de cuotas ideológicas.
El Pleno aprobó por 12 votos frente a nueve una reestructuración interna que respetaba la norma no escrita de que quien preside una comisión cede la mayoría de sus miembros al otro bloque. La queja del sector progresista no se dirige al fondo de la cuestión, sino al hecho de que la presidenta no haya obedecido las instrucciones de quienes esperaban de ella un voto previsible y alineado. Ese es precisamente el vicio que ha contaminado al Consejo desde su politización en 1985 y que la propia Perelló ha tratado de erradicar desde su llegada al cargo. Y precisamente por salirse de la dinámica tóxica de bloques, la presidenta ha sufrido un ataque descarnado.
A través de un comunicado plagado de reproches personales, los citados vocales hablan de «castigo continuado» y de «lógica de exclusión», pero omiten que fueron ellos quienes se negaron a subsanar una lista incompleta que impedía votar su propia propuesta. La denuncia encubre la frustración de un grupo que ha visto disminuir su influencia interna, especialmente de aquellos miembros más próximos al Gobierno de Pedro Sánchez.
Frente a esa dinámica de facciones, la presidenta ha actuado con responsabilidad, buscando preservar la estabilidad del órgano y la imagen de la judicatura. Su decisión de votar con la mayoría, que incluía al vocal designado por Sumar, demuestra su voluntad de tender puentes más allá de los bloques políticos y de anteponer la eficacia institucional a los intereses de parte. En lugar de plegarse a las consignas de los partidos, Perelló ha ejercido el liderazgo sereno que exige el cargo, consciente de que la independencia judicial se defiende con hechos y no con discursos.
El episodio pone de relieve la dificultad de regenerar un órgano que ha de salir de la cultura del enfrentamiento ideológico. Pero también confirma que es posible otro modo de gobernar la Justicia: uno en el que las mayorías se construyan en torno al mérito, no al cálculo partidista. Las acusaciones contra la presidenta son un intento de devolver al CGPJ al sistema de cuotas que la UE lleva años instando a superar.
La lealtad de los vocales del Poder Judicial nunca debería ser hacia un partido ni hacia ninguna organización de intereses creados, sino hacia la ley y los ciudadanos. En tiempos en que el Ejecutivo busca subordinar a los jueces, su independencia constituye una garantía esencial para la democracia. Defenderla es hoy defender el Estado de derecho.
