NotMid 19/11/2025
IberoAmérica
Lo que comenzó como un procedimiento impecable de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el puesto de Agua Viva, estado Trujillo, terminó exponiendo las fisuras de un sistema judicial sometido al poder político. El pasado 12 de noviembre de 2025, ocho personas fueron detenidas tras ingresar al país por pasos ilegales (trochas) con un arsenal tecnológico que incluía drones de largo alcance y equipos de comunicación encriptada. Sin embargo, una llamada telefónica bastó para anular la ley: los detenidos eran “intocables”.
Según confirmaron fuentes militares, el grupo operaba bajo la fachada de la alianza minera “La Castañuela”, propiedad del empresario Carlos Fernández, un hombre clave en el entramado económico del estado Bolívar y vinculado directamente a los hermanos Diosdado y José David Cabello Rondón, ministro de Interior y jefe del SENIAT, respectivamente.
La “orden de arriba”
El reporte oficial del procedimiento detalla la incautación de material estratégico: 18 radios Huyton, tres drones DJI RC PRO, un drone de realidad virtual y una computadora de alta potencia. Además, uno de los detenidos portaba una pistola Glock 19.
A pesar de la flagrancia —ingreso ilegal al país y porte ilícito de material estratégico—, la orden de liberación fue inmediata.
“Tocar a Carlos Fernández es meterse con los intereses directos de los hermanos Cabello Rondón. La orden de liberación provino de arriba, específicamente justificada por la cercanía del grupo con el Mayor General Federico Guillermo Guzmán Bornia, subdirector del SEBIN”, reveló una fuente de inteligencia.
Esta discrecionalidad ha generado un profundo malestar en los cuarteles. “La orden general es incautar cualquier drone, incluso si es legal. Pero aquí, basta una llamada para liberar a individuos con equipos de guerra, mientras que al ciudadano común se le judicializa por un juguete. Esto desmoraliza a los funcionarios que ejecutaron el procedimiento”, confesó un oficial de la GNB bajo condición de anonimato.
Subdirector del SEBIN, Mayor General Federico Guillermo Guzman Bornia
¿Quiénes son los “intocables”?
El informe confidencial al que tuvo acceso este medio identifica a los detenidos, revelando una mezcla peligrosa de civiles y funcionarios de inteligencia operando en las sombras:
- Funcionarios del SEBIN: Franklin Manuel Guevara Gómez y Johan Yovany González Latchmin (este último armado), quienes se identificaron como acreditados ad honorem por la inteligencia venezolana.
- Militar activo: Un capitán adscrito a la Escuela Técnica de la GNB.
- Civiles: Carlos José Villarroel, Daniel José Silva, Juan Carlos Hidalgo, Kelvin José Fermín y Yackson Colomé.
El grupo se desplazaba en camionetas de lujo (Toyota Hilux, Prado y Mitsubishi) sin placas visibles, un sello distintivo de los grupos de poder en Venezuela.
En la fotografía filtrada a la prensa se ve a ocho hombres de espalda, los vehículos y parte del material incautado
La coartada china y la ruta absurda
Al ser interrogados, los detenidos ofrecieron una versión inverosímil. Aseguraron regresar de la Feria de Textil y Maquinaria Pesada de Cantón, en China, donde supuestamente adquirieron los equipos como “regalos” para los directivos de la mina.
Lo sospechoso no fue el viaje, sino la ruta: volaron a Colombia y cruzaron a Venezuela por trochas terrestres hasta San Antonio del Táchira, en lugar de aterrizar en el aeropuerto internacional de Maiquetía.
“Argumentaron que el vuelo directo a Maiquetía es ‘agotador’ y preferían la escala en Europa y la entrada por tierra. Es absurdo para alguien que trae equipos de alta tecnología supuestamente legales”, razonó uno de los oficiales que participó en el interrogatorio inicial. No sellaron pasaportes ni en la salida ni en la entrada.
“La Castañuela”: Fachada del saqueo
El incidente arroja luz sobre el funcionamiento de las “Alianzas Mineras” en el sur de Venezuela. Según testimonios de mineros locales, estas figuras legales funcionan como patentes de corso para la explotación del oro bajo la bendición del régimen.
“La alianza es la fachada. Te montan una planta, le das un porcentaje a la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y les vendes el oro a ellos. A cambio, te dan permisos para cianuro, combustible y, como vemos ahora, impunidad para traer equipos de vigilancia”, explicó un minero de la zona de El Manteco, donde Fernández tiene sus operaciones.
Mientras la élite política y sus socios blindan sus operaciones con tecnología de punta y protección del SEBIN, el estado Bolívar continúa sumido en la devastación ambiental y la violencia, con recursos que fluyen directamente hacia las arcas de estructuras de poder paralelas al Estado.
Agencias
