El encuentro es una escalofriante humillación de las instituciones españolas e instala una jurisprudencia moral cuyas perturbaciones solo se verán a largo plazo
NotMid 04/09/2023
OPINIÓN
ARCADI ESPADA
El principal problema de ir declarando cada tarde el estado de Apocalipsis es el del lobo: cuando llega ya no lo ve nadie. Así con la reunión de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y Carlos Puigdemont, prófugo de la Justicia española. A la hora en que escribo las webs noticiosas han recibido la noticia con una gran serenidad. Los efectos de la tormenta siguen dominando el espacio, lo que me lleva a pensar si la feliz iniciativa de la Comunidad de Madrid de tocar el pito cuando llueve no podría aplicarse a situaciones de emergencia política; así la estupefaciente reunión -y luego hablan del yate del narco- quizá tuviera, y a pesar del lobo, el eco noticioso que merece. Al encuentro en sí entre la vicepresidenta y el Wanted cabe añadirle el infamante motivo. No se trata de persuadirle para que regrese a España y se ponga en manos de la Justicia, digamos, sino de negociar su apoyo a la coalición de Gobierno de la que Díaz forma parte destacada. No hay precedente de una actuación similar de algún gobierno democrático, hasta donde me alcanza la vista.
Naturalmente la hipocresía socialdemócrata, hablada y escrita, insistirá en que la vicepresidenta acude a Bruselas -al blindado santuario de las actividades de Puigdemont- en nombre de Sumar. Pero esta vez la veteranía encubridora solo hace que chapotear en el fango y multiplicar los daños. El encuentro es una escalofriante humillación de las instituciones españolas y como todos los de su clase instala una jurisprudencia moral cuyas perturbaciones solo se verán a largo plazo.
El viaje abre un enorme caudal de oportunidades para que cualquier actividad política que no sea estrictamente ilegal se considere legítima. Y liquida cualquier tipo de responsabilidad política que no dependa de la aritmética de las mayorías. Porque la decisión de la vicepresidenta es un acto de encubrimiento de un delito y de su delincuente, que no tiene traducción en el Código Penal ni tampoco la tendrá en el hemiciclo del Congreso. Aunque sí es cierto que trae alguna ventaja a nuestra conversación pública. A partir de hoy será irrelevante cualquier discusión jurídica o política sobre la amnistía que prepara el Gobierno. Sosegará los espíritus no tener que oír a don José Montilla, semejante analfabeto, cuando diga un día como hoy: «Quien quiera hablar de amnistía debería decir que no lo volverá a hacer», ignorando que la amnistía supone justamente la obligación de volverlo a hacer. El viaje desatasca también por la vía ejecutiva el impenitente bloqueo del poder judicial: a qué jueces, a qué leyes si la política en España se ha hecho prófuga.