La primera condición para que PSOE y PP pacten es la disposición real de Sánchez, que ha hecho de la deslealtad su marca
NotMid 08/04/2025
EDITORIAL
El carácter extraordinario de las conversaciones entre el Gobierno y el Partido Popular respecto a la forma en que España debe encarar la oleada de aranceles anunciada por Donald Trump da la medida del momento crítico en el que nos encontramos. Partiendo de la premisa de que los acuerdos entre los dos grandes partidos de Estado no deberían ser una excepción, estos resultan especialmente necesarios cuando lo que está en juego es el día a día de los ciudadanos. Según el decreto de medidas que prepara el Gobierno, el impacto de la guerra comercial se sentirá en España no solo en un aumento de los precios, sino de modo «significativo» en el empleo. La situación es, por tanto, grave, y compromete en primer término al Gobierno: la apelación al consenso y a la colaboración del PP es una cáscara vacía si el propio presidente no se conduce con la mínima lealtad, lo que empieza por no deslegitimar democráticamente ni negar su condición de partido de Estado a la primera fuerza de la oposición. El hecho de que el Gobierno lleve hoy al Consejo de Ministros un decreto que no contempla ninguna de las aportaciones del PP es la muestra de que esa vocación de acuerdo no ha existido en ningún momento.
Mientras en Europa populares y socialdemócratas están acordando los pasos que la Comisión debe dar ante el programa económico con el que Trump pretende deshacer el libre comercio, en España parecía tomar forma una cierta sintonía entre el Gobierno y el PP. Tras una primera reunión, ayer Carlos Cuerpo volvió a recibir en el Ministerio de Economía al portavoz económico del PP, Juan Bravo.
En este sentido, ayer por la mañana, Alberto Núñez Feijóo acertó al mostrar su disposición a concertar un plan de choque para mitigar los daños de los aranceles que incluya rebajas fiscales, ayudas directas a las empresas más afectadas y una reducción de la burocracia. El hecho de que el Gobierno no haya incluido ninguna de esas aportaciones en su decreto es un mal síntoma. Si el Ejecutivo quiere realmente que esas negociaciones culminen en un acuerdo, es el primero que debe demostrar su disposición real a pactar. El problema es que respecto a su buena fe solo puede prevalecer la sospecha, puesto que, en lo que se refiere a sus acercamientos con el PP, Pedro Sánchez ha hecho de la deslealtad su marca política y personal.
Durante la pandemia, el presidente reclamó el apoyo del líder de la oposición al mismo tiempo que concedía el aval legitimador a Bildu. Durante las primeras negociaciones con el PP para renovar el CGPJ, Sánchez negociaba con el independentismo la supresión de la sedición y la rebaja de la malversación. Ahora, sin Presupuestos ni socios, solicita el respaldo de Feijóo mientras avanza en su estrategia de entregar cesiones inaceptables a Carles Puigdemont: desde el reconocimiento «nacional» de Cataluña, por el que aboga públicamente Zapatero, hasta la aplicación de la amnistía al prófugo.
La actuación de Cándido Conde-Pumpido como abierto agente gubernamental, que ayer escenificó anunciando de forma inopinada que la sentencia de la amnistía llegará antes del verano, es una muestra más ya no solo del sentido patrimonial con que preside el Tribunal Constitucional, sino del ínfimo respeto del Gobierno por las instituciones que vertebran nuestra democracia.
