El fallo en el volcado de datos de las pulseras antimaltrato se ve agravado por la falta de transparencia del Gobierno
NotMid 19/09/2025
EDITORIAL
El grave fallo en el sistema informático que guarda los datos de las pulseras antimaltrato, y que ha sido desvelado en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, representa un error de gestión inadmisible, que ha dejado a un número desconocido de víctimas sin la posibilidad de demostrar en los tribunales que su agresor se había saltado la orden de alejamiento.
La anomalía, ya solventada, tiene su origen en diciembre de 2023, con Irene Montero como ministra de Igualdad en funciones. El Ministerio contrató entonces a una nueva compañía telefónica para que se encargara de este servicio. Como revelamos hoy, las dudas sobre el proceso fueron evidentes desde el principio: fue un alto cargo de Igualdad quien, en el pliego de contratación, llegó a suspender a la nueva adjudicataria con un 3,6 sobre 10 en el apartado relativo a la migración de los datos entre una empresa y otra, tras constatar «deficiencias» e «incoherencias» en su propuesta. Aun así, el proceso siguió adelante, con un resultado penoso: entre marzo y diciembre de 2024, ya con la socialista Ana Redondo al frente, se produjeron reiterados problemas de acceso a los datos de las pulseras.
Que el Ministerio y la propia Fiscalía de Álvaro García Ortiz -que ayer publicó un comunicado para matizar su propia memoria anual, en perfecta sintonía con los intereses del Gobierno- minimicen el problema y se nieguen a ofrecer con transparencia las cifras de las víctimas afectadas es inaceptable. Lo único que sabemos, porque así lo han reconocido tanto Ana Redondo como el Ministerio fiscal, es que ha habido hombres acusados acusados de quebrar órdenes de alejamiento que han sido absueltos que han sido absueltos por el fallo de las pulseras, al no haberse podido facilitar al juez las evidencias que almacenaba el sistema, lo cual es esencial para protegerse de futuras agresiones. Según recoge la memoria de la Fiscalía, el fallo ha provocado «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», pues causó «la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular acusación». A ello se añade, y no es un asunto menor, la detección de fallos en las nuevas pulseras, con «lo gravoso que es para las víctimas la comunicación de incidencias reiteradas».
La gravedad de la anomalía hace imperiosa una detallada explicación sobre sus causas, alcance y consecuencias. En cambio, el Gobierno se ha negado a informar sobre el impacto real que ha tenido el error de Montero. Todo ello con el precedente de la ley del sí es sí, el proyecto estrella de la dirigente de Podemos, que supuso la excarcelación de cientos de violadores y agresores sexuales beneficiados por la reducción de sus condenas.
La gestión de esta crisis revela de nuevo las contradicciones del Gobierno de Pedro Sánchez, que siempre ha hecho bandera del feminismo para utilizarlo como instrumento de polarización. Es, además, un problema político para el PSOE, muy preocupado por el distanciamiento de su electorado femenino a causa del escándalo de prostitución de la trama Koldo. El rigor, la seriedad y la transparencia en la gestión son la mejor garantía para las víctimas de la violencia machista. La opacidad solo genera desconfianza.
