El juicio a García Ortiz afronta su recta final tras el intento del presidente del Gobierno de condicionar al Tribunal Supremo
NotMid 11/11/2025
EDITORIAL
El Tribunal Supremo retoma hoy el juicio al fiscal general del Estado por la filtración de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso después de tres sesiones en las que se evidenció que es un caso único en el Ministerio Público. Nunca antes se había expuesto a esta institución, constitucionalmente mandatada para defender la legalidad, a una situación en la que se ve arrastrada a un juicio sin precedentes. Hasta ahora, el juicio ha acreditado la carga política de la defensa de Álvaro García Ortiz, la ruptura que este escándalo ha supuesto en el seno de la Fiscalía y la alineación con el Gobierno de profesionales de la información que han declarado en descargo del fiscal general. Mañana es el turno del propio Álvaro García Ortiz. Por encima de todo, lo relevante es subrayar las máximas garantías que reviste este juicio. No sólo por la indudable solvencia y la pluralidad de sensibilidades del tribunal que preside Andrés Martínez Arrieta, sino porque la acusación es el resultado de una investigación avalada por 15 jueces en diferentes instancias, incluida la instrucción de Ángel Hurtado, a quien el aparato político y mediático progubernamental también ha tratado de desacreditar.
La vista oral en la que se enjuicia al fiscal general reemprende sus sesiones tras un periodo de ecuador marcado por la injerencia de Pedro Sánchez. Que el jefe del Ejecutivo -a quien el líder de la oposición acusó ayer de «romper la independencia» de la Justicia- pretenda condicionar el signo de un fallo judicial constituye un quebranto de la separación de poderes inaceptable incluso para los estándares de este Gobierno. Ni los políticos ni los periodistas son quienes deben sentenciar la inocencia o la culpabilidad del fiscal. Ese trabajo atañe a los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo encargados de celebrar el juicio.
El respaldo de Moncloa, en correspondencia a su servilismo, ha permitido a García Ortiz seguir en su puesto pese a sentarse en el banquillo. El hecho de comparecer en el estrado y ataviado con toga no tapa una escena inédita en la democracia española, extremo que suscita un amplio rechazo en la ciudadanía. Según el Panel de Sigma Dos, la mayoría absoluta de los españoles cree que el fiscal general reveló el correo privado de Alberto González Amador. Así lo sostiene el 53,7% frente al 28,6%, incluyendo un 29,3% de los votantes socialistas. Además, el 62,1% cree que el fiscal debería haber dimitido antes de comenzar el juicio, opinión que comparte el 40,9% de los votantes del PSOE (el 46,8% de ellos se muestra en contra).
Este periódico no va a participar del irresponsable coro de voces que busca condicionar el juicio al titular del Ministerio Fiscal. Ocurra lo que ocurra en el juicio, siempre se ha señalado el carácter trascendental de un proceso que es el resultado de una secuencia que llevó a García Ortiz a prestarse a una operación contra una adversaria política del Gobierno, siendo así coartífice, junto a los medios de comunicación afines, de la estrategia del PSOE contra los jueces.
Por encima de cualquier tentativa intervencionista del resto de poderes, la Justicia prevalecerá. Es lo que corresponde en un Estado de Derecho como España.
