La inminente aprobación de la reducción de la jornada, promovida por Yolanda Díaz sin consenso, marca el Primero de Mayo
NotMid 02/05/2025
EDITORIAL
Las movilizaciones con motivo del Primero de Mayo estuvieron marcadas por la inminente aprobación de la reducción de la jornada laboral, una medida de calado que hubiera exigido el consenso en el marco del diálogo social. Yolanda Díaz ha avanzado que esta iniciativa, de la que ha hecho bandera ideológica, recibirá el visto bueno previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo martes, tras ser aplazada esta semana por el apagón. Largamente dilatada por la parte socialista de la coalición, la rebaja de la jornada saldrá adelante en un contexto marcado por el incremento del gasto en Defensa y con Sumar en situación exangüe. La ministra de Trabajo, acuciada por sus propias urgencias en la pugna que mantiene con un Podemos al alza en las encuestas, ha optado por tirar por la calle de en medio pese al impacto que la patronal prevé en el tejido productivo, especialmente, en los sectores de mayor afectación.
Tanto UGT como CCOO respaldaron una medida que se inserta en la agenda divisiva en la que ancla la acción gubernamental. El propio Pedro Sánchez, en una carta dirigida a la militancia del PSOE con motivo del Primero de Mayo, usó esta jornada para cargar contra Alberto Núñez Feijóo por la ruptura de la negociación del plan antiaranceles. El presidente del Gobierno tachó al PP de «oposición destructiva» a la misma hora en la que Díaz apelaba a este partido para apoyar su medida estrella en el trámite parlamentario. Este ejercicio contradictorio obedece al hecho de que el Gobierno no dispone de los apoyos suficientes, ante el rechazo anunciado por Junts.
Al margen de la voluntad partidista que mueve al Ejecutivo, la reducción de la jornada laboral es un objetivo tan deseable y potencialmente beneficioso como el incremento de los salarios. Sin embargo, ninguno de los dos se logra por ley, sino facilitando las condiciones para que aumente la productividad. La rebaja hasta las 37,5 horas semanales, tal como han acordado el Ejecutivo y los sindicatos, está afectada por la lógica diferencia entre actividades. El sector público está en 35 horas o menos (33 en Educación), mientras otros, intensivos en producción, se acercan al máximo legal de 40 horas. Bajar las horas de trabajo, y hacerlo además de forma lineal -sin discriminar entre sectores-, se traducirá en una subida automática de los costes laborales, lo que va en menoscabo de la competitividad. Las grandes damnificadas serán las pymes, que operan con menos márgenes, lo que tiene especial relevancia después de que el INE confirmara que la tasa de desempleo ha escalado más de siete décimas, hasta el 11,36%, en el peor trimestre desde 2013.
Se puede y se debe tender a jornadas más breves con medidas flexibles, adaptadas por sector, con amplios periodos transitorios y que prevean reformas paralelas que impulsen a las empresas a ser más productivas. Pero cualquier reforma en esta dirección solo será exitosa si parte del máximo rigor y se pacta con el conjunto de los agentes sociales. Lo contrario supone anteponer los prejuicios ideológicos a los intereses generales. El Gobierno aún está a tiempo de evitar este grave error.
