Son circunstancias extraordinariamente graves, que apuntan a un funcionamiento impropio de un partido que ocupa la Presidencia del Gobierno.
NotMid 01/11/2025
EDITORIAL
El Tribunal Supremo ha dado un paso sustancial al señalar al PSOE por el manejo de fondos en efectivo que repartió a José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. En un auto de enorme trascendencia, el magistrado Leopoldo Puente remite a la Audiencia Nacional la investigación sobre estos pagos al apreciar indicios de delito vinculados al partido y que requieren una instrucción independiente de la que se sigue en el Supremo por la condición de aforado del diputado Ábalos. Este movimiento se produce dos días después de que el ex gerente socialista Mariano Moreno y la secretaria Celia Rodríguez constataran el descontrol de los gastos en Ferraz, y un día después de que Pedro Sánchez negara cualquier financiación irregular del partido en el Senado.
El Supremo detalla un sistema de compensaciones opaco, carente de controles y con irregularidades tan flagrantes que, de confirmarse, no solo revelarían una negligencia, sino un conocimiento consciente del origen ilícito de los fondos. Según el auto, el PSOE disponía de dinero en metálico cuya procedencia no se ha justificado y que habría servido para abonar devoluciones de gastos a personas sin cargo orgánico, como Koldo, o incluso a terceros designados por él. Son circunstancias extraordinariamente graves, que apuntan a un funcionamiento impropio de un partido que ocupa la Presidencia del Gobierno.
Puente subraya que las compensaciones en efectivo pudieron emplearse para encubrir dinero procedente de actividades delictivas. En otras palabras, el mecanismo pudo actuar como un canal de blanqueo. Y si bien el auto evita calificar el origen del dinero, las declaraciones de empresarios implicados, que hablan de comisiones ilegales y bolsas de efectivo entregadas en Ferraz, dejan entrever que ese flujo de fondos podría estar ligado a sobornos.
La inverosímil maniobra del presidente para desvincular al PSOE de esta trama se debilita cada día. En el Senado, respondió con evasivas e incluso dijo no recordar si el ex gerente le había alertado en Moncloa de los gastos excesivos de su ministro de Transportes. ¿Quién puede creerlo? Con su socarronería pretende desactivar la indiscutible responsabilidad política que proyectan los hechos. Porque los autos del Supremo confirman que el problema no se limitó a tres manzanas podridas: alcanzó al corazón del partido.
El traslado del caso a la Audiencia Nacional abre una nueva etapa judicial que puede esclarecer la existencia de una caja B socialista. El partido no puede parapetarse en su retórica de víctima de una conspiración judicial mientras los indicios apuntan a una financiación irregular consentida y sostenida en el tiempo. Si el partido conocía el origen ilícito del dinero, ya no se trata de un descuido contable, sino de una corrupción sistémica.
A cada paso de la investigación se confirma lo que el Gobierno intenta negar: la trama Koldo no fue un episodio aislado, sino el síntoma de una organización que confundió la frontera entre lo público y lo privado. La regeneración institucional exige respuestas, no sarcasmos. La Justicia sigue su curso y corresponde ahora a la política asumir las consecuencias.
