Bruselas percibe el riesgo de que el Gobierno actúe de modo “discrecional” para impedir la OPA de BBVA a Sabadell
NotMid 29/05/2025
EDITORIAL
El aviso de la Comisión Europea de que no admitirá acciones «discrecionales» del Gobierno de España para frenar la OPA de BBVA a Sabadell, y de que no dudará en actuar contra nuestro país para impedirlo, constituye una advertencia extraordinariamente seria para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La Comisión, que solo se pronuncia sobre asuntos de política nacional cuando aprecia un peligro claro de vulneración de las leyes europeas, ha decidido expresar públicamente que no ve «ninguna razón que pudiera justificar» el bloqueo de la operación, cuando esta ha recibido el visto bueno -con condiciones- de todos los organismos competentes: el Banco Central Europeo, el Banco de España y la CNMV.
La advertencia de Bruselas es comprensible porque el riesgo es precisamente ese: la intervención arbitraria del Gobierno, por razones de pura supervivencia política, en una operación de libre mercado. Más aún cuando, pese a las dudas que en los últimos días le había hecho llegar la Comisión, y tras haber abierto una consulta pública para recoger opiniones sobre la OPA -una iniciativa de cariz populista e insólita en Europa-, el Ministerio de Economía ha decidido elevar el asunto al Consejo de Ministros. El Ejecutivo no puede vetar la operación, pero sí impedirla de facto, imponiendo condiciones inasumibles para BBVA. Todo ello en un momento en que la UE está promoviendo la creación de bancos más grandes que puedan competir en el mercado financiero mundial.
Este periódico siempre ha defendido que, una vez atendidos los requisitos de solvencia y competencia, deben ser los accionistas de BBVA y Sabadell quienes decidan sobre la OPA, no el Gobierno. El problema es que el presidente reincide en la tentación de la arbitrariedad, pues no es el bien común sino la necesidad de satisfacer a sus socios nacionalistas lo que guía sus políticas, también en Europa. Más allá de los recelos que existen en Cataluña ante la desaparición de un banco con gran penetración en las pymes, son Junts y ERC quienes presionan con fuerza para bloquear la OPA. De forma paralela, es Carles Puigdemont quien exige al Gobierno que consiga la oficialidad del catalán en las instituciones comunitarias.
La intensa campaña desplegada por Sánchez para lograr que Los Veintisiete acepten incorporar el catalán (y el euskera y el gallego) como lengua de trabajo en Bruselas ha causado allí una lógica extrañeza. ¿Por qué España plantea una propuesta tan divisiva y tan compleja por su posible efecto cascada en otros países? ¿Y por qué lo hace con tanta prisa, como un asunto a vida o muerte? Una vez más, la causa no es la concordia, sino las urgencias de Junts, cuyos escaños son esenciales para el Gobierno en cada votación parlamentaria.
Durante años, uno de los ejes del liderazgo de Pedro Sánchez fue su capacidad negociadora en Europa. Hoy, los socialdemócratas han perdido fuerza en la UE, las prioridades comunitarias han cambiado -de las políticas verdes a la competitividad y el rearme- y el presidente está más débil que nunca. El duro aviso sobre su actuación ante la OPA y el fracaso en su apuesta por el catalán ponen de manifiesto que esa debilidad interna se proyecta también en la política exterior de España, en perjuicio del conjunto de sus ciudadanos.
