NotMit 23/06/2025
EDITORIAL
La eficiencia de los mecanismos de control frente a los casos de corrupción dista mucho de ser la adecuada en España, sobre todo ante la magnitud de tramas como la que hoy afecta al PSOE y, al menos, a dos secretarios de Organización del partido. Como se desprende del último informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y responsable de fiscalizar la contratación pública, las denuncias por fraude se han disparado un 87% desde 2019, pero tan solo se investigan una de cada cuatro.
De todas esas denuncias, en torno al 20% apuntan a prácticas corruptas, que son la segunda causa más señalada tras las irregularidades en la adjudicación. La semana pasada, este diario desveló que los participantes en una adjudicación del Gobierno navarro a una de las supuestas empresas de Santos Cerdán ya habían advertido de que iba «contra la lógica». Frente a lo que ha argumentado el Gobierno para intentar diluir sus responsabilidades, la «corrupción cero» es posible e imprescindible para la higiene democrática, pero solo se puede lograr si se dota a las instituciones de las herramientas necesarias para que puedan combatirla con firmeza. Cuando no lo hacen, se acrecienta la desconfianza del ciudadano hacia una Administración que percibe en manos de los intereses de los partidos.
