NotMid 07/11/2025
EDITORIAL
España ha entrado en un punto muerto político que ya no admite eufemismos. Tras el nuevo paso escenificado por Junts anunciando ayer que vetará todas los proyectos legislativos del Gobierno, el Congreso entra de lleno en una situación de bloqueo total. No es un accidente: es la consecuencia directa de la decisión de Pedro Sánchez de sostenerse sobre una mayoría formada por partidos con intereses contradictorios que se ha deshecho. Hoy, la mayoría estable del Gobierno son sólo 136 de 350 escaños. Junts, que ayer proclamó su rechazo explícito a la «ley Bolaños» y a la «ley Begoña», no parece dispuesto a aprobar una moción de censura de la mano del PP, pero tampoco respalda una acción de gobierno que hace aguas por todas partes. La legislatura flota, pero no avanza.
La parálisis de un país sin leyes ni presupuestos se paga en la economía real. Más aún cuando los fondos europeos también peligran. En concreto, el portazo de Junts deja al Gobierno sin margen para aprobar al menos seis leyes ya en tramitación vinculadas a la recepción de las transferencias pendientes. El propio ministro Carlos Cuerpo ha admitido que negocia con Bruselas cambios para reagrupar los pagos. Es decir, incertidumbre donde debía haber previsibilidad. Empresas, comunidades autónomas y ayuntamientos que habían planificado inversiones se encuentran sin un horizonte claro.
De las contradicciones internas del bloque de investidura nace la responsabilidad política de Pedro Sánchez. Fue su decisión articular un poder sostenido por fuerzas cuyo objetivo declarado no es fortalecer el Estado, sino tensarlo para extraer privilegios. El resultado ha sido el esperado. El presidente ni ordena a los suyos ni persuade a los ajenos; administra tiempos muertos, no mayorías. A la impotencia se suma además la trampa, pues el Gobierno esconde su incapacidad para gobernar convirtiendo en hábito una semántica engañosa: presume de aprobar leyes que no aprueba, porque en nuestro sistema quien legisla es el Parlamento. Confundirlo no es un error técnico, sino un intento deliberado de suplantar al Legislativo en el relato público. Cuando llega el momento de la verdad, los números desmontan la ficción.
Volcado en su agenda exterior, el presidente del Gobierno se desentiende de los problemas que debería abordar. Ante crisis como la de la vivienda -a la que Cáritas atribuye la inédita fragmentación social que sufre España- o la inmigración, la respuesta oficial consiste en hacer oposición a las autonomías, como si la gestión de lo cotidiano le fuera ajena.
Un Ejecutivo que se niega a asumir responsabilidades y que externaliza culpas deja de gobernar para convertirse en un aparato de propaganda. España necesita reglas claras, presupuestos posibles y un liderazgo que agregue, no que fracture. Si la aritmética ya no da y la institucionalidad se degrada, la salida no es más retórica ni más opacidad, sino devolver la voz a las Cortes o a los ciudadanos. Porque lo que no puede prolongarse es este inmovilismo que se disfraza de resistencia.
