Sánchez instrumentaliza la subida de pensiones y salarios públicos para rehuir su responsabilidad en la corrupción
NotMid 29/11/2025
EDITORIAL
El Gobierno ha apostado por el populismo para desenfocar la devastadora imagen de la entrada en prisión de José Luis Ábalos -que ayer señaló directamente a la esposa de Pedro Sánchez en el opaco rescate de Air Europa- al instrumentalizar la subida de las pensiones y los salarios públicos. Dos medidas de fuerte impacto social que en solo dos días han comprometido un desembolso de 14.000 millones de euros y que el Ejecutivo pretende usar para atraer el voto de 13 millones de pensionistas y funcionarios e intentar alejar la atención mediática de un cerco de corrupción que se estrecha cada día más en torno a la figura de Sánchez.
La estrategia apenas oculta la parálisis en la que está sumido un Ejecutivo incapaz de gobernar: la situación de extrema debilidad política que atraviesa el presidente tras la ruptura con Junts volvió a evidenciarse el jueves cuando los de Puigdemont tumbaron los objetivos de déficit, primer paso para presentar unos Presupuestos que llevan tres años congelados en un flagrante incumplimiento de la obligación constitucional.
El Ejecutivo trata de rentabilizar el aumento de las pensiones contributivas en un 2,7% de cara a 2026 (con un coste de 5.700 millones de euros). El dato deriva del IPC de noviembre, que modera su avance al 3% interanual. Aunque esta revalorización sigue la fórmula automática vinculada a la inflación, llega justo cuando la OCDE alerta de que el sistema afronta un problema serio de sostenibilidad: el coste asociado al envejecimiento podría aumentar 5,2 puntos de PIB hasta 2050, sin que los ingresos evolucionen al mismo ritmo.
Un día antes, el Gobierno había cerrado el acuerdo para elevar los salarios de 3,5 millones de empleados públicos en un 11,4% durante los próximos cuatro años. Un pacto cuyo coste asciende a 8.000 millones y que Sánchez acudió personalmente a firmar junto a los sindicatos UGT y Csif -CCOO no se sumó por considerarlo «precipitado»- coincidiendo con la entrada en prisión de Ábalos, en un intento de proyectar una normalidad política y una capacidad de gestión profundamente alejadas de la realidad.
El problema para Moncloa es que la situación judicial de Ábalos ya no se circunscribe únicamente a un ex ministro. Su propio testimonio confirma que Javier Hidalgo habló con Begoña Gómez durante las negociaciones del rescate de 475 millones a Air Europa. Los mensajes intervenidos por la UCO, las reuniones mantenidas en 2020 entre la esposa del presidente y directivos de Globalia y el patrocinio de 40.000 euros a un centro que ella dirigía conforman un escenario que exige explicaciones institucionales claras y no descalificaciones al poder judicial.
La realidad es que Sánchez no puede a estas alturas tapar su responsabilidad en la corrupción que enfanga su Gobierno sacando pecho por una subida de las pensiones y los salarios públicos que, al no encarar el reto demográfico y el estancamiento de la productividad, hipotecan cada día más el futuro de los jóvenes y no pueden, por tanro, convertirse en moneda de cambio electoral. La maniobra es demasiado burda como para insuflar oxígeno a un Gobierno acorralado.
