Sus estrategias de defensa paralelas y la negativa a declarar en el Tribunal Supremo alimentan las sospechas de concertación con el PSOE
NotMid 18/10/2025
EDITORIAL
Los indicios reforzados de delito contra José Luis Ábalos y el que fuera su mano derecha en Transportes, Koldo García, muestra la solidez de las investigaciones que apuntan a la corrupción en la cúpula del PSOE. Aunque se negaron a declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, Ábalos y Koldo han salido de sus citaciones con dos autos extremadamente duros autos en los que el instructor subraya, apoyado en una contundente argumentación, la robustez de indicios de criminalidad.
Después de que la Fiscalía no pidiera su ingreso en prisión, Ábalos y Koldo quedaron en libertad, lo que contrasta con el «riesgo creciente» de fuga que Puente aprecia en ambos. No obstante, el tenor literal de las resoluciones anticipa un juicio próximo y un horizonte penal sombrío, con largas penas de cárcel.
Ábalos está cercado por el reciente informe de la Guardia Civil sobre su situación patrimonal, que da cuenta de su trasiego de fondos en efectivo sin origen justificado. Por eso Puente enfatiza, con un léxico y un tono más severo que en autos anteriores, la «singular contundencia» de los indicios que acorralan a Ábalos, imputado por los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. El juez apunta ya que Ábalos dispondría de dinero opaco en el extranjero por el cobro de mordidas. En cuanto a Koldo, el juez destaca la posible tenencia de «importantes cantidades de dinero en metálico, indiciariamente procedentes de las actividades delictivas» que se le imputan.
Tras la disputa con su ex abogado, José Aníbal, Ábalos ha optado por no colaborar con la Justicia. Esta estrategia de defensa, paralela a la de su ex asesor, aleja la posibilidad de un pacto de conformidad con la Fiscalía. El ex ministro ha contratado a Carlos Bautista, ex fiscal de la Audiencia Nacional, como nuevo representante legal. Esta decisión llega después de que el propio Ábalos se reuniera con varios abogados -incluida la de Koldo- y de su llamativa entrevista en TVE. A ello se suman las críticas al juez Puente por parte de relevantes miembros del PSOE, después de que el instructor -en una coda prescindible que no empaña la calidad jurídica de su auto- mostrara su «estupor» por que Ábalos siga siendo diputado. De hecho, el PSOE lideró ayer el respaldo al blindaje de su ex número tres y no revisará el Reglamento del Congreso. Todo ello, visto en conjunto, alimenta un aroma de concertación de intereses entre Ábalos y el partido del que fue secretario de Organización.
Moncloa y Ferraz buscan encapsular este escándalo como parte de conductas personales, a modo de cortafuegos político. Pero lo cierto es que interpela de lleno al Ejecutivo y al propio Pedro Sánchez. Fue el PSOE, aunque ahora se intente ocultarlo, el que realizó pagos no declarados a Ábalos y Koldo al margen de la contabilidad oficial de Ferraz sin el aval de su dirección. Y es el presidente el que afronta sus responsabilidades políticas por el cerco judicial a tres personas clave en su ascenso al liderazgo socialista. La opinión pública, por tanto, no puede conducirse ahora como si la corrupción sustanciada en la instrucción de este caso fuera ajena a la cúpula del PSOE.
