Si llega al Gobierno, Feijóo tendrá competencias para establecer los límites en la política lingüística y hacerlos cumplir
NotMid 01/08/2022
EDITORIAL
Si hay algo que no se le puede negar al independentismo es que se le entiende con claridad. Y como lo de la mal llamada mesa del diálogo va de que todos los ciudadanos nos enteremos de las cesiones del Gobierno a ERC -la formación necesita exhibir trofeos ante los suyos-, su portavoz, Marta Vilalta, envió este domingo el recado a Sánchez de que “debe hacer los deberes” y concretar los “compromisos” adquiridos si quiere el apoyo de Esquerra a los Presupuestos Generales. No cabía duda de que era esto lo que había en juego y por eso el presidente y Aragonès se apresuraron a escenificar el deshielo tras meses de tensión por el Catalangate. La complicada situación económica hace que para Sánchez unas nuevas cuentas resulten casi imprescindibles para poder agotar la legislatura.
La advertencia de Vilalta parece indicar que se le da al Gobierno lo que queda de año para que acometa la modificación del delito de sedición, justo cuando más cerca está la posibilidad de que la Justicia europea obligue a Bélgica a aplicar la orden de entrega a España de Puigdemont y otros líderes del 1-O fugados. Sería una de las concreciones de esa “desjudicialización” de la política que el independentismo ha arrancado a Moncloa y que busca una vía de impunidad para quienes protagonizaron el mayor golpe a nuestro Estado de Derecho.
Lo que ya se ha materializado es el respaldo del Ejecutivo de Sánchez al Govern para excluir el castellano de todos los ámbitos de la escuela catalana. No es admisible que un puñado de votos esté por encima de la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y de la Constitución. La aceptación de la ley aprobada por el Parlament para burlar la sentencia del 25% -ya en el TC- fue defendida de nuevo este domingo por la ministra de Educación, quien, lejos de garantizar a padres y alumnos el derecho a estudiar en la lengua común, como nueva portavoz del PSOE se dedica a intentar explicar enjuagues como éste disfrazados de concordia.
Así las cosas, cabe celebrar la rotundidad con la que el líder del PP se comprometió a “proteger” el catalán y el castellano, legislando para ello si fuera necesario en el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado. Núñez Feijóo, a quien también hay que tomarle la palabra en sus planes para despolitizar la Justicia, fue muy claro asegurando que “no van a dejar solos” a los jueces ni a aceptar que el español sea “una lengua extranjera” en Cataluña, lo que solo puede interpretarse como la batalla con todos los medios al alcance del Estado para que la lengua común sea también lengua vehicular en la enseñanza, y no solo “curricular” como pretenden los nacionalistas con apoyo del PSC para incumplir la ley. Si llega al Gobierno, Feijóo tendrá competencias para establecer los límites en la política lingüística y hacerlos cumplir. A buen seguro los ciudadanos confían en que el PP ponga fin a su historia contradictoria cuando se ha tratado de enfrentarse al marco nacionalista.
