La medida afecta a muchas familias, ya que permite que ciertas órdenes del Gobierno empiecen a aplicarse en varios estados, aunque su legalidad todavía no se haya resuelto en los tribunales
NotMid 28/06/2025
USA en español
El futuro inmediato de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión jurídica y política tras la reciente decisión de la Corte Suprema. La sentencia, anunciada el 27 de junio de 2025, restringe la capacidad de los jueces federales para emitir bloqueos de alcance nacional sobre acciones ejecutivas, lo que afecta directamente a la aplicación de la orden presidencial que buscaba finalizar la concesión automática de ciudadanía a hijos nacidos en el país de personas extranjeras en situación irregular o estadía temporal. Con este fallo, la Corte devolvió el debate a los tribunales inferiores y abrió un periodo de 30 días para que los estados y organizaciones busquen nuevas alternativas legales.
La ciudadanía por nacimiento, que durante más de 150 años se ha interpretado bajo la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense, enfrenta su mayor test institucional desde el histórico caso Wong Kim Ark de 1898. Distintas cortes federales habían bloqueado la orden ejecutiva del Gobierno de EEUU con medidas cautelares universales, argumentando que la política resultaba contraria a la jurisprudencia y al texto constitucional. El nuevo contexto legal, sin embargo, solo permite protección para los individuos y estados que han iniciado litigios directos, mientras deja abierta la vía para la aplicación de la orden en los territorios donde no haya acciones concretas.
La decisión de la Corte Suprema no entró a analizar la constitucionalidad del intento del Gobierno de EEUU de redefinir el alcance del derecho de ciudadanía, sino que se centró en limitar el tipo de protección que los jueces pueden conceder mientras dure el proceso judicial. Organizaciones de derechos civiles y gobiernos estatales ajustan su estrategia en esta ventana de tiempo, con el objetivo de evitar que decenas de miles de nacimientos queden fuera del amparo legal anterior. Según la cobertura de Associated Press, las inquietudes giran en torno al impacto sobre familias migrantes, la posible fragmentación de políticas estatales y el desarrollo de nuevas demandas colectivas para mantener la protección.
¿Qué es la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos según la ley?
La ciudadanía por nacimiento, denominada en inglés birthright citizenship, está reconocida en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1868, la cual establece que toda persona nacida o naturalizada en territorio estadounidense se considera automáticamente ciudadana, independientemente del estatus migratorio de los progenitores. Este principio fue ratificado en 1898 por la Corte Suprema en el caso Wong Kim Ark, cuando el tribunal afirmó que la nacionalidad corresponde a todos los nacidos en suelo estadounidense, salvo excepciones limitadas como hijos de diplomáticos extranjeros. Según The Associated Press, la práctica se ha mantenido vigente durante más de un siglo y solo fue objeto de debate en circunstancias excepcionales.
El fallo afecta la aplicación de la orden ejecutiva que busca restringir la ciudadanía a hijos de migrantes en situación irregular.
¿Qué estableció la Corte Suprema sobre las medidas cautelares nacionales?
El 27 de junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos sentenció que los jueces federales ya no pueden emitir medidas cautelares de alcance nacional para suspender la aplicación plena de políticas ejecutivas mientras se resuelve su legalidad en los tribunales. La decisión, adoptada por mayoría, obliga a los jueces a limitar sus decisiones a los demandantes involucrados en cada proceso, impidiendo extender el efecto a personas o grupos no participantes directos. Justice Amy Coney Barrett, autora de la opinión mayoritaria, explicó que las resoluciones definitivas sobre políticas nacionales solo podrán surgir cuando el caso incluya a los afectados como grupo demandante o, eventualmente, tras un fallo definitivo. Como subraya NPR, esta limitación deja fuera del amparo de medidas cautelares a amplios sectores de la población hasta tanto no participen en acciones legales específicas.
¿Qué cambia para la orden ejecutiva que busca limitar la ciudadanía por nacimiento?
La orden ejecutiva del Gobierno de EEUU, firmada en enero, plantea denegar la ciudadanía a los hijos nacidos en el país de personas en condición irregular u obteniendo visas temporales. El alcance de la aplicación de esta medida ahora varía: en los 22 estados y el Distrito de Columbia que demandaron, las protecciones se mantienen por el momento debido a que sus demandas siguen en curso; en el resto de los 28 estados, la orden podría entrar en vigor si no surgen nuevas acciones legales. Según The Washington Post, el fallo otorga 30 días a los tribunales y partes involucradas para ajustar las órdenes judiciales de acuerdo con el nuevo criterio de la Corte. Organizaciones y abogados han comenzado a presentar demandas colectivas para intentar extender la protección judicial al mayor número de afectados posible.
La ciudadanía por nacimiento está garantizada desde 1868 por la 14ª Enmienda.
¿Se ha cambiado la interpretación de la 14ª Enmienda en este fallo?
La Corte Suprema evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva que modifica la ciudadanía por nacimiento. Ninguna parte del fallo altera el entendimiento vigente de la 14ª Enmienda, que se basa en el principio del derecho de suelo (jus soli). La discusión actual se centra únicamente en los mecanismos procesales para la protección de derechos durante litigios, sin sentencia firme sobre el fondo del derecho de la ciudadanía por nacimiento. Como explicaron expertos jurídicos a NPR y ABC News, la interpretación tradicional de la enmienda continúa respaldada por precedentes históricos y desde 1898 por fallos vinculantes del alto tribunal estadounidense.
¿Qué pasos siguen en los tribunales y en los estados?
Transcurrido el plazo establecido, los tribunales federales de Maryland, Massachusetts y New Hampshire evaluarán sus fallos a la luz de la sentencia de la Corte Suprema y la viabilidad de mantener medidas cautelares individuales o ampliar su efecto mediante demandas colectivas. Si los jueces limitan las protecciones únicamente a los demandantes iniciales, la orden ejecutiva podría entrar en vigencia de manera desigual en el territorio nacional, generando diferencias estatales en el acceso al derecho de ciudadanía. Según ABC News, organizaciones, abogados y gobiernos estatales analizan si nuevas estrategias legales permiten mantener la protección judicial al mayor número de niños nacidos en el país de padres en situación migratoria irregular.
La orden ejecutiva busca negar la ciudadanía a hijos de migrantes con visa temporall. (REUTERS/Nathan Howard)
¿Cómo afecta a familias migrantes y a los registros civiles?
La falta de lineamientos claros sobre la aplicación práctica de la orden ejecutiva generó incertidumbre entre familias migrantes y autoridades hospitalarias. El Gobierno de EEUU no ha detallado el proceso de verificación ni ha establecido si se exigirá documentación específica a las madres al momento del nacimiento, como señala Associated Press. Funcionarios han evitado responder cómo se ejecutará la medida ni quién determinará en tiempo real la nacionalidad de los neonatos en centros médicos, especialmente en los estados afectados por la orden. El posible resultado es una fragmentación en los registros civiles y un aumento en la carga de trabajo para las oficinas estatales de documentación.
¿Puede la Corte Suprema resolver de fondo la ciudadanía por nacimiento en el corto plazo?
Especialistas en derecho constitucional y migratorio prevén una oleada de nuevas demandas y recursos en los próximos meses. La Corte Suprema podría verse obligada a pronunciarse sobre el fondo del derecho de ciudadanía por nacimiento si los casos pendientes escalan nuevamente al alto tribunal. Mientras tanto, expertos consultados por The Washington Post consideran que el diseño y la ejecución de la política seguirán sujetos a litigación y revisiones en las cortes inferiores, sin un calendario definido para una sentencia definitiva sobre la interpretación de la 14ª Enmienda.