Los indicios reflejan la cultura política del lobby. La tenue reacción del PP ante el escándalo compromete su credibilidad
NotMid 18/07/2025
EDITORIAL
La imputación de Cristóbal Montoro por encabezar presuntamente un lobby que vendía influencia política en el Ministerio de Hacienda durante los gobiernos de Mariano Rajoy es un hecho de indudable relevancia política. Más allá de cómo evolucione judicialmente el caso, el cuadro que se extrae del auto conocido este miércoles es política y estéticamente impresentable. Que la manera en que una empresa o un ciudadano pueda ejercer influencia sobre la legislación sea pasando por una ventanilla, como en este caso un bufete vinculado a un ministro, es un escándalo que no admite matices y que el Partido Popular no puede permitirse minimizar.
Tras siete años de investigación secreta, y tras algunas discrepancias en la Fiscalía, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona imputa a Montoro y a buena parte de su equipo en el Ministerio por favorecer a varias empresas gasistas entre 2011 y 2018. Según las pesquisas, el entonces ministro habría aprovechado su cargo para impulsar al menos dos modificaciones legales que beneficiaron directamente a varias empresas, a cambio de que estas pagaran un total de 779.705 euros a Equipo Económico, el bufete fundado por Montoro y del que fichó a varios de sus colaboradores.
El juez apunta a siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Además de él, están investigadas otras 27 personas, cinco empresas y la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales.
Que los indicios recopilados hasta ahora no sean concluyentes para una condena entra dentro de lo probable. Pero sin duda reflejan hasta qué punto los lobbies están incrustados en la administración. Se trata de una cultura política persistente en España que requiere una regulación específica -como la Comisión Europea viene insistiendo-, pero que exige ante todo un cambio profundo en la actuación de los partidos.
El Gobierno, acorralado por los escándalos de corrupción que lo rodean en el presente, ha salido en tromba a vincular el caso Montoro con Alberto Núñez Feijóo y exigirle explicaciones.
Pese a que el ex ministro no ha integrado ninguno de los equipos del líder popular, el PSOE redobla la estrategia del «y tú más» con la que Pedro Sánchez procura eludir su responsabilidad política en el caso Cerdán, mientras en la actualidad grupos de interés muy conocidos y vinculados abiertamente al poder sobrevuelan sin complejos ni disimulos el Palacio de La Moncloa con el mismo objetivo de comerciar con su influencia.
Con todo, esta vez el primer interpelado es el PP. Y la tenue reacción que ha exhibido («Aquí no hay mordidas ni prostitutas», ha dicho Juan Bravo) compromete la credibilidad de las promesas de regeneración que vertebran el proyecto de Feijóo.
Cristóbal Montoro, que ayer se dio de baja del partido, no fue un ministro más, y las sospechas sobre los movimientos de Equipo Económico no eran ningún secreto. EL MUNDO y otros medios se ocuparon de ello en varias ocasiones y, como hoy contamos, varios ministros alertaron al presidente Rajoy. Las conductas antiestéticas en el ejercicio del poder no son tolerables. Restarles importancia ante la ciudadanía sólo genera desconfianza.
