De la dignidad y el amor propio del fiscal general del Estado depende que rectifique su dañino atrincheramiento en el cargo
NotMid 09/06/2025
EDITORIAL
Por primera vez en la historia de España, el fiscal general del Estado va camino de sentarse en el banquillo como acusado en un juicio penal, y este hecho sintetiza la degradación institucional que sufre nuestro país. En la cuarta economía del euro, el Tribunal Supremo envía a juicio al alto cargo constitucionalmente mandatado para defender la legalidad tras haber encontrado indicios sólidos de que cometió un delito de revelación de secretos al filtrar presuntamente a un medio de comunicación afín al Gobierno -la cadena Ser, del Grupo Prisa- los datos confidenciales de un particular, datos que como funcionario público tenía el deber de proteger.
El auto del magistrado Ángel Hurtado se sostiene sobre la veracidad de la investigación periodística que ha venido realizando EL MUNDO, pese a la campaña en contra de este periódico que, basada en hechos alternativos ahora puntualmente desmontados por el juez, ha dirigido con obsesión compulsiva el citado grupo de comunicación, objetivamente interesado en exonerar al fiscal general del Estado.
El periodismo comprometido e independiente desvela lo que el poder no quiere que se sepa, para satisfacer el derecho a la información relevante y veraz del ciudadano. Y eso es lo que ha hecho ELMUNDO. Este periódico fue el primero en informar de que la insólita nota de prensa sobre Alberto González Amador había sido ordenada por el propio Álvaro García Ortiz; y fue también el que desveló su motivación última, completamente ajena a las funciones de un fiscal general: la de «ganar el relato».
El auto dictado este lunes contiene, en todo caso, otro hecho de enorme gravedad política: ya desde el comienzo, el magistrado afirma que indiciariamente la instrucción primera partió de la Presidencia del Gobierno. Es decir: La Moncloa habría utilizado a un pilar del Estado como medio para ejecutar una oscura operación de carácter delictivo, vulnerando los derechos de un ciudadano particular -el empresario González Amador-, para perjudicar a una rival política -su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-.
A la Unión Europea le corresponde tomar nota tanto de esta circunstancia como del paso adelante en su deriva populista que el auto ha desencadenado en el Gobierno: el ministro Óscar Puente ha asegurado que los jueces ejercen de «oposición real» al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al servicio del centroderecha político que lidera Alberto Núñez Feijóo. Esta afirmación justifica por sí sola el paro que jueces y fiscales han convocado contra el Gobierno por su intento de dejar la instrucción penal, en esta coyuntura, en manos de la Fiscalía.
El daño al prestigio de las instituciones y al interés general es inmenso. De la dignidad personal y el amor propio de Álvaro García Ortiz dependerá que rectifique su atrincheramiento en el cargo. Porque en lo que respecta al Gobierno parece difícil esperar sentido común: sigue considerando suyo al fiscal general, pese a que el Ministerio Público es autónomo del poder ejecutivo, y descarta su dimisión, como si este no fuera capaz de decidir por sí mismo.
El escenario que se abre ahora es kafkiano. El propio García Ortiz estará obligado a suspender de su puesto a la otra imputada -la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez-, mientras que no hay nada legalmente previsto para la imputación del fiscal general, cuya dimisión en condiciones normales se entendería como automática. A ello se añade el hecho de que será una subordinada suya quien decida si le acusa o no; una situación grotesca que solo contribuirá a dañar aún más el prestigio y la credibilidad del Ministerio Público y de toda la carrera fiscal. El imputado fiscal general del Estado- y el Gobierno- están llevándose a la institución por delante.
