Feijóo propone reformar el sistema de elección del CGPJ y devolverle competencias, blindar al fiscal general y penalizar las puertas giratorias
NotMid 05/07/2023
ESPAÑA
El Partido Popular llevará en su programa electoral para las próximas generales del 23-J la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el blindaje del fiscal general del Estado, la modificación de la Ley del indulto y la recuperación del delito de sedición, entre otras medidas. «Hay que volver a prestigiar la Justicia tras los ataques sufridos durante la última legislatura y dotarla de los medios necesarios para que cumpla su función con todas las garantías en plazos razonables y que todos los miembros que componen la Oficina Judicial dispongan del reconocimiento y de los medios necesarios para desempeñar su tarea», sostiene el documento diseñado por Génova 13.
El partido de Alberto Núñez Feijóo se marca como objetivo «promover» una Justicia «a la altura de los compromisos europeos». Una Justicia «independiente». Según consta en el citado programa, al que ha tenido acceso este medio una de las principales medidas que se compromete a impulsar el PP si logra gobernar España es reformar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato lleva prorrogado en la actualidad desde diciembre del año 2018.
«El gobierno del Poder Judicial debe estar a salvo de las injerencias políticas», afirman los populares que, a su vez, proponen «reforzar» las garantías de independencia del CGPJ «mediante la reforma de su ley Orgánica, incluyendo la modificación del sistema de elección de los miembros del Consejo de manera que sean los jueces y magistrados los que elijan a los 12 vocales de procedencia judicial». Esta es una de las exigencias que viene reclamando la Unión Europea de forma reiterada a nuestro país -que los vocales que procedan de la magistratura sean elegidos por sus «pares»- y que la Comisión reiterará en su cuarto Informe sobre el Estado de Derecho que se dará a conocer mañana miércoles.
Además, si Feijóo logra llegar al Palacio de la Moncloa se compromete a «derogar» la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que desde el año 2021 impide al Consejo efectuar nombramientos discrecionales de la cúpula judicial. Esta modificación legal, que fue promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y aprobada en el Parlamento por los partidos del Gobierno de coalición, ha llevado al Tribunal Supremo al borde del colapso y ha privado al órgano de gobierno de los jueces de realizar casi 90 designaciones discrecionales en los últimos dos años.
RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES
Por otro lado, en su programa electoral el PP se compromete a endurecer el régimen de incompatibilidades entre la política y la judicatura, es decir, dificultar las polémicas puertas giratorias «para evitar el paso de los poderes Ejecutivo y Legislativo al Poder Judicial, con el fin de garantizar la independencia en la actuación judicial».
Por último, otra de las medidas encaminadas a reforzar esa independencia, es la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal -dotando al Ministerio Público de capacidad de gestión presupuestaria- y creando un «nuevo régimen jurídico» para el fiscal general del Estado que «incluya mecanismos de mayor transparencia, independencia e imparcialidad para desvincularlo del Poder Ejecutivo y que fije su mandato por un plazo de cinco años». Fuentes populares explican que el fiscal general no cesará de esta forma en el cargo cuando el Gobierno que lo haya nombrado pase a estar en funciones. Su mandato será de cinco años y dejará de estar supeditado al cambio del signo político del Gobierno central.
Por otro lado, el programa electoral del PP contiene una serie de medidas dirigidas a reforzar la protección del Estado frente a un nuevo intento de desafío separatista por parte de las fuerzas independentistas. Entre ese paquete de medidas se encuentra la recuperación del delito de sedición -tipo penal derogado por Sánchez en una reforma ad hoc del Código Penal para favorecer a los líderes del procés– y la tipificación de la convocatoria de un referéndum ilegal. Asimismo, Feijóo promete reformar la decimonónica Ley del indulto -la actual data de 1870- obligando a «reforzar» la motivación dada por los respectivos gobiernos al otorgar las medidas de gracia.
Para combatir la saturación de la Administración de Justicia, el PP anuncia que aprobará un «plan inmediato de choque» con el objetivo de «desatascar el funcionamiento» de aquellos juzgados y fiscalías que se encuentren colapsados. Además, en el programa electoral consta la aprobación de reformas procesales, organizativas y de digitalización en materia de Justicia en coordinación con las comunidades autónomas . Por otro lado, si los populares gobiernan se comprometen a impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que «configure el procedimiento penal de conformidad con los principios de simplificación y agilidad».
Por último, el partido de Feijóo afirma que «intensificará la atención a las víctimas de violencia de género» y «protegerá los derechos de las víctimas de delitos de terrorismo». Además, en la línea de la legislación europea, los populares aseguran que reformarán la Ley de protección de las personas que denuncien la corrupción y que volverán a castigar con dureza la malversación.
Agencias
