NotMid 18/07/2022
ASIA
Era una de las iniciativas políticas principales de Shinzo Abe, el exprimer ministro de Japón que fue asesinado la semana pasada, y ahora existe la posibilidad de que se haga realidad.
Este lunes, después de que su partido y la coalición que le apoya obtuvieron una contundente victoria en las elecciones legislativas de Japón, el actual primer ministro, Fumio Kishida, anunció que desea impulsar una reforma de la Constitución y profundizar en el debate sobre las medidas necesarias para “reforzar drásticamente” la defensa del país en medio de un entorno de seguridad difícil.
La propuesta de reforma, que durante años había sido promovida infructuosamente por Abe, significaría el primer cambio que se haría a la Carta Magna japonesa desde su promulgación en 1947 y afectaría su emblemático artículo 9, en cuyo texto se establece que “el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales”.
La iniciativa ha despertado reticencias tanto dentro como fuera del país, pese a que con ella supuestamente solo se buscaría consagrar la constitucionalidad de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, nombre con el que se conoce a las fuerzas militares del país.
Pero, si es así, ¿por qué genera polémica?
Un cambio histórico
“Para entender el significado de la Constitución en Japón es importante remontarse a la historia de ese país tras la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades de la ocupación estadounidense contribuyeron a redactar la Constitución de posguerra que se convirtió en ley en 1947”, dice John Nilsson-Wright, profesor asociado sobre política japonesa y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cambridge, a BBC Mundo.
“Esa Constitución no ha sido modificada ni enmendada ni una sola vez desde que se introdujo por primera vez y para muchos conservadores en Japón es vista, con razón o sin ella, como algo ajeno y, por lo tanto, como algo que no cumple con la cualidad de ser un documento soberano de una nación soberana. Así, el tema de la enmienda, por lo tanto, es para muchos de la derecha en Japón un asunto pendiente de la Segunda Guerra Mundial“, agrega.
Pero mientras la derecha se ve impulsada a reformar la Carta Magna, en la izquierda preocupa que el texto sea alterado.
“La izquierda considera que la Constitución garantiza la cultura política democrática de Japón y el hecho de que fuera presentada por el bando ganador de la guerra (Estados Unidos), ha sido visto durante mucho tiempo por la izquierda como una prueba de que Japón había abandonado el militarismo del período anterior a la guerra. Por eso ha sido un tema político tan explosivo”, apunta el experto.
David Boling, director sobre Japón y Comercio Asiático de la consultora Eurasia Group, indica que la experiencia de la Segunda Guerra Mundial tuvo tan malos resultados para Japón que muchos de sus ciudadanos concluyeron que la guerra, en general, es un desastre y, entonces, el país desarrolló una tendencia pacifista.
“En Japón, hay mucha gente que está muy orgullosa de la Constitución. Se refieren a ella con frecuencia como la Constitución de la paz de una manera muy positiva. Por lo tanto, hay un grupo interno que se siente orgulloso de ese texto”, apunta.
Del pacifismo a la autodefensa
Entre los críticos de la posible reforma constitucional existe la preocupación de que el gobernante Partido Liberal Democrático (LDP, por sus siglas en inglés), al que perteneció Abe y que ahora lidera Kishida, quiera eliminar las restricciones a la fuerza militar previstas en el artículo 9 de la Constitución.
Según explica Sheila Smith, investigadora principal de estudios sobre Asia Pacífico del Council on Foreign Relations (un centro de estudio con sede en Washington), no es eso lo que en la actualidad se está planteando.
“Las propuestas que actualmente presenta el Partido Liberal Democrático no prevén deshacerse del artículo 9, sino simplemente modificarlo para añadir otra frase.
“Ciertamente hay algunas personas dentro de ese partido que quieren ir más allá y cambiar el nombre de las Fuerzas de Autodefensa o cosas así, pero no hay ninguna propuesta por el momento para deshacerse del artículo 9 y eso no tiene apoyo ni en el PDL ni entre los ciudadanos. Pero, los críticos se centran en el artículo 9 porque es una parte central de la identidad japonesa de posguerra“, apunta.
Explica que aunque aún no existe un texto concreto que se esté discutiendo sino solamente ideas, hasta ahora la propuesta apunta a que simplemente se buscaría reconocer el carácter constitucional de la Fuerzas de Autodefensa para dejar claro que estas son consistentes con la Carta Magna.
La Constitución de Japón, aprobada durante la ocupación estadounidense, buscaba eliminar cualquier posibilidad de remilitarización del país y literalmente indica que “no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire como tampoco otro potencial bélico”.
Sin embargo, con el paso de los años, esa prohibición literal fue siendo reinterpretada y adaptada a los cambios en el contexto internacional.
David Boling señala que las Fuerzas de Autodefensa han ido cambiando progresivamente pues durante décadas eran una solamente una agencia gubernamental, luego se creó el Ministerio de Defensa y, posteriormente, durante el gobierno de Abe, se estableció un Consejo de Seguridad Nacional dentro de la oficina del Primer Ministro para coordinar las políticas de seguridad.
Uno de los grandes cambios en este sentido se produjo en 2014 cuando el gobierno de Abe impulsó una reinterpretación de la norma constitucional relacionada con la defensa del país.
“El gabinete de Abe aprobó una reinterpretación del artículo 9 que decía que las Fuerzas de Autodefensa japonesas -si era necesario para la seguridad y la supervivencia de Japón- podían usar la fuerza en nombre de otras naciones como Estados Unidos o Australia, por ejemplo. Fue una reinterpretación muy cuidadosamente redactada”, explica Sheila Smith.
Al año siguiente, se redactó una nueva ley basada en esa reinterpretación. Así, las Fuerzas de Autodefensa obtuvieron la posibilidad de usar la fuerza en apoyo otros países si ello era necesario para la seguridad de Japón.
David Boling indica que estos cambios mejoraron la posibilidad de Japón de trabajar en temas militares con otros aliados como Estados Unidos, pero que sigue estando limitado.
“Japón no está en la misma situación que Australia o Corea del Sur en términos del tipo de operaciones militares en las que puede implicarse junto a Estados Unidos, por lo que un cambio constitucional podría hacer esto más claro y permitir que -como solía decir Shinzo Abe- Japón funcione más como un país normal cuando se trata de temas de defensa”, señala.
Un entorno más hostil
Cualquier cambio que realice Japón en materia de defensa será observado con atención por algunos de sus vecinos, especialmente por China, Corea del Norte y Corea del Sur.
“Esos países estarán muy preocupados. Es por el legado de los tiempos de guerra. Fueron invadidos por las fuerzas imperiales japonesas y todavía tienen un recuerdo muy fuerte de eso. Así que la revisión constitucional para ellos despierta el temor de que Japón va a abandonar su restricción de posguerra”, señala Sheila Smith.
Paradójicamente han sido las acciones de dos de esos vecinos las que han servido para justificar los esfuerzos de Tokio por tener una política de defensa con menos ataduras.
“Para la opinión pública japonesa, el crecimiento de China como actor militar es una preocupación primordial. Los buques navales chinos han aumentado sus intrusiones en aguas muy cercanas al territorio japonés, las llamadas islas Senkaku, al suroeste de Okinawa, que son reclamadas por China pero mantenidas por Japón”, afirma John Nilsson-Wright.
Explica que mucha gente en Japón se preocupa a medida que China se vuelve más asertiva, así como por la amenaza nuclear de Corea del Norte y sus misiles balísticos. Y que en el caso de los políticos japoneses también les inquieta la fiabilidad a largo plazo de Estados Unidos como socio en materia de seguridad.
“Así que creo que la revisión constitucional puede ser vista por algunas personas como una forma de dar a Japón más flexibilidad para proteger su propia seguridad en un momento en el que, a largo plazo, existe la sensación de que el mundo se está volviendo más hostil ante el crecimiento de China y Corea del Norte y la fiabilidad de las alianzas existentes no puede darse por sentada”, apunta.
En términos de capacidades, Japón se ha venido fortaleciendo y en la actualidad es uno de los 10 países del mundo con mayor gasto militar y apenas en abril pasado anunció planes para duplicar su presupuesto de defensa para alcanzar el 2% de su PIB.
“Las Fuerzas de Autodefensa son un ejército de facto que tiene capacidad terrestre, naval y aérea. La razón por la que esto es constitucional obedece a que el artículo 9 fue redactado de tal manera que permite al gobierno japonés disponer de fuerzas militares con fines puramente defensivos, es decir, no pueden ser utilizadas para librar una guerra de agresión”, explica Nilsson-Wright.
Una reforma cuesta arriba
Para llevar adelante la reforma constitucional y modificar el artículo 9 de la Constitución hace falta contar con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, así como la ratificación de los cambios a través de un referendo nacional.
Sheila Smith advierte que forjar los consensos necesarios no será fácil pues la coalición gobernante deberá lograr el apoyo de partidos más pequeños en la Cámara alta y que, además, todos deben estar de acuerdo en los cambios que se quieren aprobar, lo que requerirá tiempo y esfuerzo.
La experta indica que, además de las modificaciones al artículo 9, hay otros cambios propuestos que también están en juego relativos al acceso a la educación, a los circuitos electorales y a los poderes del Ejecutivo.
Paradójicamente, es posible que algunos de estos asuntos capten más el interés de los votantes para quienes, según señala David Boling, la reforma constitucional no figura entre sus preocupaciones más urgentes.
“Si se observan las encuestas sobre los temas más importantes para el público japonés, la modificación de la Constitución estaba más abajo que, por ejemplo, el control de la inflación, los problemas de la seguridad social o la política educativa.
“Así que aunque tiende a haber en Japón entre los funcionarios electos mucho interés en este tema, no es una gran prioridad para el público en general, por lo que será interesante ver cómo se desarrolla esto en los próximos meses”, señala.
En el camino hacia la posible aprobación de la enmienda al artículo 9 hay un obstáculo menos tras la muerte de Shinzo Abe. Y es que el fallecido exprimer ministro, que hizo de este tema una bandera, era visto por muchos como un político que impulsaba el revisionismo histórico, lo que generaba un cierto rechazo en parte de la población.
“Kishida no es Abe y, por lo tanto, creo que el público va a ser más comprensivo con la idea de una enmienda no controvertida a la Constitución que no cambia sustancialmente la forma en que se utilizan las fuerzas de autodefensa, sino que simplemente reconoce que son una parte importante de la capacidad defensiva de Japón”, afirma Nilsson-Wright.
“Sobre todo fuera de Japón, pero incluso dentro del país, Abe era visto por algunas personas como más belicoso. Así que Kishida es la persona ideal para apoyar esta idea porque puede presentarla de una manera que sea menos preocupante para los votantes japoneses de a pie”, agrega.
Así, paradójicamente, la propuesta de Abe se habría vuelto más realizable ahora que él ya no está.
BBCMundo