NotMid 30/03/2026
EDITORIAL
Lo que antes era una sospecha, hoy es una confirmación que indigna: los escoltas de Mario Silva eran financiados con dinero del Estado. Pero no nos llamemos a engaño; tras el anuncio de su retiro, lo más probable es que estos efectivos simplemente pasen a custodiar a algún otro rostro del “nuevo-viejo” elenco oficialista.
El problema de fondo es la existencia de un “ejército” de escoltas cuya magnitud real desconocemos. Es un misterio cuántos son, a quiénes protegen exactamente y cuánto le cuestan al país. Lo que sí es una certeza matemática es que cada guardaespaldas pagado por el erario público representa menos recursos para servicios básicos o, en su defecto, más inflación. O ambas.
¿Quiénes deberían contar con protección en una sociedad democrática? Esta es una de las tantas discusiones pendientes en Venezuela. Siendo realistas, la seguridad debería reservarse exclusivamente a un puñado de altos funcionarios que, por la naturaleza crítica de su labor, enfrenten riesgos reales.
Solo las sociedades profundamente desarrolladas y cohesionadas pueden permitirse reducir al mínimo la custodia de sus servidores públicos. A Venezuela le tomará décadas alcanzar ese nivel, pero el ideal no es inalcanzable.
Por ahora, queda el alivio de saber que Silva ya no cuenta con ese privilegio, aunque nos persiga la sospecha de que esos funcionarios solo cambiaron de jefe. El verdadero cambio no ocurrirá cuando se reasignen las placas, sino cuando esa inmensa estructura de seguridad personal se vea obligada a hacer lo que hace el resto de los venezolanos: ganarse la vida trabajando.