El Gobierno da por enterrada la sentencia que obliga a que se imparta al menos un 25% de castellano en las aulas catalanas
NotMid 28/07/2022
EDITORIAL
El resumen más humillante pero por desgracia descriptivo de la tercera reunión de la mal llamada mesa de diálogo lo sintetizó en un eslogan la consellera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà: “Tenemos al Estado sentado, habrá más mesas”. El independentismo tiene, en efecto, atrapado al Gobierno de la nación y, en el marco de esta bilateralidad extraparlamentaria, este miércoles le arrancó el amparo a la política de apartheid lingüístico nacionalista en Cataluña. Así, Moncloa da por enterrada la sentencia que obliga a que se imparta al menos un 25% de las clases en castellano. Y se ha comprometido con ERC -en lo que no es sino el inicio de un largo cortejo en busca de su apoyo a los Presupuestos- a dar respaldo al Govern en su cruzada para erradicar el español de todos los espacios de la escuela catalana. Como adelantó EL MUNDO, se han trasladado ya directrices a los centros para que destierren por completo la lengua común de todos los españoles.
El Gobierno, lejos de cumplir como garante del ejercicio de los derechos fundamentales, se vuelve a plegar a los independentistas. Porque al menos la mitad de la población catalana ve cómo se la sigue discriminando, esta vez con la aceptación por parte del Ejecutivo de la ley recientemente aprobada por el Parlament para burlar la sentencia del 25%. La norma, que contó con la alianza del PSC con el separatismo, es otra manera de blindar la inmersión lingüística, el plan para hacer del catalán excluyente lengua vehicular del aprendizaje y herramienta de adoctrinamiento.
El Govern persiste en el desacato en el que lleva instalado hace años mientras Pedro Sánchez se presta a que las normas y las sentencias de los tribunales no se cumplan en Cataluña. El incumplimiento de la legalidad en cuestión está permitiendo un impasse judicial que impide a los padres que se ejecute la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que decreta la obligatoriedad de que se imparta al menos el 25% de la docencia en castellano. Y, pese a que el mismo tribunal advierte que la norma aprobada “contraviene los fundamentos constitucionales”, se plantea elevarlo al criterio del TC, lo que presumiblemente supondría dar alas al independentismo para que los próximos años avance en su proyecto monolingüe y excluyente.
El movimiento del TSJC parece inevitable toda vez que el Gobierno traslada este mensaje de complacencia con quienes conculcan la ley. Porque en casos como éste lo que necesitan los tribunales es la complicidad y la colaboración decidida de quien tiene los instrumentos para que se cumplan las resoluciones judiciales, sin ir más lejos a través de la Alta Inspección del Estado. Pero el Gobierno lo volvió a dejar claro este miércoles, pierdan toda esperanza quienes esperen que vaya a velar por la observancia de la Constitución.
