NotMid 03/10/2022
EDITORIAL
La magnitud del conflicto de intereses en el que está sumergido Gerard Piqué no deja de crecer. El futbolista del FC Barcelona entregó a la Fiscalía Anticorrupción las facturas de las comisiones -ocho millones de euros- que ha cobrado por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.
Piqué argumenta que las mordidas son legales por estar precedidas de la firma de «detalladas cláusulas anticorrupción» y autorizadas por la realeza, pero las operaciones generan tantas dudas que Anticorrupción ha requerido al Consejo Superior de Deportes y a Hacienda la información necesaria para comprobar si son delictivas. En cualquier caso, vulneran el código ético de la Federación, y más cuando se estaban cerrando con un régimen que viola de manera flagrante los derechos humanos, en especial de las mujeres.
No olvidemos que el caso de la Supercopa es sólo uno de los negocios de Piqué que chocan con su actividad profesional y «dañan al club», según la conclusión de los servicios jurídicos del Barça. Por ejemplo, la estrella azulgrana impuso al club invertir en una empresa de videojuegos de su propiedad o llegó a producir un documental en el que el delantero Antoine Griezmann explicaba por qué había rechazado una oferta del Barça. Anticorrupción debe investigar hasta el final para determinar si estas actividades empresariales son ilegales y por tanto sancionables.
