NotMid 24/05/2025
EDITORIAL
El paro conjunto convocado por jueces y fiscales para el próximo 11 de junio constituye un serio aviso sobre la hondura del rechazo que genera la reforma de la Justicia planteada por el Gobierno, que dañaría gravemente al Estado de derecho. Cinco de las siete asociaciones profesionales -todas menos las dos enmarcadas como progresistas- exigen la retirada de la «Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal», aprobada por el Consejo de Ministros, al tiempo que anuncian su intención de llevar la norma promovida por el ministro Félix Bolaños al Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. Por el momento se trata de un paro de 10 minutos. Una señal de advertencia que podría desembocar en una huelga, como ya ocurrió en 2013 y 2018. En ambos casos, el Gobierno perdió el pulso por el daño al ejercicio de los derechos fundamentales que supone una interrupción prolongada en la administración de justicia.
El Ejecutivo promueve cambios estructurales que afectan a principios constitucionales como la igualdad, el mérito y la capacidad. La reforma no busca el interés general y, de materializarse, contribuiría a minar el Poder Judicial. A ello se suma un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, con el que el Gobierno pretende asegurarse un mayor control de la Fiscalía. Al margen de esta reforma, resulta reprobable la llamada Ley Begoña, que contempla limitar mucho la acusación popular, lo que beneficiaría a los procedimientos en curso que afectan al núcleo familiar de Pedro Sánchez.
El retroceso que entraña la reforma del Gobierno, que en varios de sus elementos centrales va en la dirección contraria a lo exigido por Bruselas, es indisociable del constante debilitamiento de las instituciones. Preservar la independencia judicial requiere que los jueces y fiscales dejen de estar en el punto de mira de La Moncloa.
