Un juez federal bloqueó el sábado los vuelos al considerar que la Ley de Enemigos Extranjeros está pensada para acciones de estados y no pandillas, por lo que no puede haber expulsiones sumarias.
NotMid 17/03/2025
USA en español
Este sábado, y después de haberlo anunciado y prometido reiteradamente durante su campaña, el presidente de EEUU, Donald Trump, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una controvertida disposición de 1798 que sólo ha sido usada tres veces en la historia, siempre en momentos de guerra, para expulsar del país sin juicio ni proceso a los que se afirma que son pandilleros.
Horas después, un juez federal ordenó al Gobierno que parara inmediatamente cualquier deportación que se hubiera producido sin una vista específica, instruyendo además a los departamentos implicados a que dieran marcha atrás en el aire si alguno había despegado. Pero las instrucciones no evitaron que 237 venezolanos aterrizaran en San Salvador para cumplir allí penas de prisión.
El caso es muy polémico y probablemente acabe en el Tribunal Supremo, pero ya está provocando un choque salvaje entre los tres poderes. La Administración Trump lleva desde que juró el cargo arremetiendo contra los jueces que están poniendo trabas constitucionales a sus decisiones más agresivas. Elon Musk ha liderado la carga contra el magistrado James E. Boasberg, pidiendo que sea sometido a un impeachment, difundiendo su foto y los mensajes que le llaman “payaso” y le acusan de “poner a los estadounidenses en grave peligro” o de querer atribuirse las competencias de la Casa Blanca. La fiscal general, Pam Bondi, fue más allá y criticó al juez en un comunicado en el que le acusaba nada menos que de ponerse del lado de “los terroristas por encima de la seguridad de los estadounidenses”. Una campaña en toda regla.
Legalmente, la clave de todo está en unos pocos minutos. En la madrugada del domingo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, colgó un mensaje en sus redes sociales con un vídeo que muestra un enorme dispositivo de seguridad, en un aeropuerto, para escoltar a cientos de personas. “Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al Centro de Reclusión para Terroristas por un período de un año (renovable). EEUU pagará un precio muy bajo por ellos, pero una tarifa alta para nosotros“, dijo Bukele. Pero no se sabe cuándo se produjo.
Trump firmó una orden ejecutiva el pasado viernes estableciendo que cualquier venezolano a partir de 14 años de edad “que se encuentre en Estados Unidos sin autorización y sea parte de la banda del Tren de Aragua puede ser detenido y deportado”. El Gobierno habla de cientos o miles, pero tanto en Caracas como muchos especialistas creen que las cifras son desorbitadas, y que se está metiendo en el paquete a mucha gente inocente o que quizás tiene antecedentes, pero no por pertenencia a las organizaciones ahora señaladas como terroristas.
Tras la denuncia de organizaciones civiles, el juez emitió una orden de emergencia a las 19.00 de la tarde del sábado, hora de Washington, especificando que si había vuelos en marcha debían regresar, lo que genera sospechas muy obvias de que los cuerpos de seguridad ignoraron o desobedecieron la decisión judicial. Tanto Bukele como Musk y otros políticos republicanos se han reído de esta posibilidad, publicando recortes de prensa que informaban sobre la orden federal acompañados de mensajes como “ups, demasiado tarde”, con emoticonos de risa.
“Hemos enviado a dos peligrosos líderes de la MS-13 y a 21 de sus más buscados miembros de regreso a El Salvador para que comparezcan ante la justicia. Además, como prometió el presidente, hemos mandado también a más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua, quienes El Salvador se comprometió a mantener en sus excelentes cárceles a un precio justo que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes. El presidente Bukele no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino que también es un gran amigo de EEUU. ¡Gracias!”, señaló el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
“La administración Biden liberó a miles de delincuentes venezolanos del Tren de Aragua en Estados Unidos. Cometieron robos a mano armada, traficaron sexualmente a niñas, atacaron a ciudadanos estadounidenses, agredieron a nuestra policía y violaron y asesinaron a mujeres jóvenes y niños. Pero ahora, gracias al pueblo estadounidense, ¡tenemos al presidente Trump! Anoche, 238 miembros del Tren de Aragua, junto con 21 pandilleros de la MS13, fueron deportados de este país, sumándose a los miles de extranjeros delincuentes que ya han sido deportados. Bajo el liderazgo del presidente Trump, este país se vuelve cada día más seguro”, ha celebrado Tom Homan, el ‘zar’ fronterizo nombrado por el presidente.
El Salvador acordó con la Casa Blanca no sólo servir de lugar de tránsito para las deportaciones de inmigrantes, sino acoger a presos en sus cárceles a cambio de dinero. Pero eso no afecta, según la ley, a los procesos que se deben seguir. La Ley de Enemigos Extranjeros permite la deportación sumaria de personas, pero sólo de las que procedan de países en guerra con Estados Unidos. Es el mecanismo que se usó en 1812 contra los británicos, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, con los tristemente famosos campos de internamiento para japoneses o alemanes.
EEUU no está en guerra con Venezuela, pero Trump ha declarado una emergencia nacional en la frontera y declarado a los cárteles y a pandillas y maras, como Tren de Aragua y la Salvatrucha, organizaciones terroristas. Y cree que con eso hay base suficiente. En la vista de emergencia y la orden del sábado, el juez indicó que no creía que la ley justificara la acción del presidente, ya que la interpretación histórica es que el lenguaje de esa ley de los inicios de la república se refiere cuando habla de “invasión” e “incursión depredadora” a “actos hostiles perpetrados por naciones enemigas”, no pandillas.
Por eso ordenó que todos los vuelos que hubieran salido con inmigrantes venezolanos bajo esa orden ejecutiva regresaran “sea como sea, incluso haciendo que el avión regrese”, después de que los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), los que impugnaron la orden ejecutiva en nombre de cinco venezolanos afectados y que juran no pertenecer a ninguna organización criminal, indicaran que sospechaban que en ese momento había dos vuelos “en el aire”
Agencias