Tres días después del asalto al aeropuerto de El Prat, dos piezas clave de Moscú viajaron a Barcelona. La amnistía para mantenerse en el poder borrará el rastro de la injerencia rusa y dejará impunes comportamientos violentos y antidemocráticos
NotMid 28/01/2024
OPINIÓN
JOAQUÍN MANSO
La periodista Anne Applebaum es una de las grandes intelectuales de nuestro tiempo, referencia en la descripción del declive de las democracias liberales a partir de su propia experiencia en Polonia y su conocimiento de Europa del Este y Estados Unidos. En la entrevista que le concedió a Vanessa Graell para el primer número de la nueva etapa de La Lectura, situaba todas sus críticas a la amnistía en que impedirá “comprender hasta qué punto fueron importantes las conexiones de Rusia con los separatistas”. Es decir, para quien ha considerado que la agresión rusa en Ucrania representa la amenaza más brutal y directa para el proyecto europeo y los valores de la sociedad abierta, la razón y la libertad, este es el punto que es necesario aclarar para terminar de comprobar si el independentismo es un movimiento que tiene como objetivo final “minar la democracia”.
La conexión de la Generalitat y Waterloo con Vladimir Putin ha pasado, sin embargo, apenas de puntillas por la opinión pública española, quizá por alguna carencia cultural sobre seguridad nacional y nuestra posición en el mundo. Sí ha merecido en cambio investigaciones del Parlamento Europeo y el interés del británico. The Washington Post publicó el 31 de agosto un editorial llamativamente bien informado en el que señalaba que la dependencia del Gobierno español del separatismo era una “buena noticia para Moscú”. Y, sobre todo, The New York Times dedicó un extensísimo reportaje hace dos años y medio a vincular el nacimiento de Tsunami Democràtic en 2019 con los viajes a Rusia de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Carles Puigdemont, para verse con “funcionarios rusos, ex agentes de Inteligencia y el nieto de un espía del KGB”, todos ellos involucrados en “la guerra híbrida del Kremlin contra Occidente”.
Nada diferencia el terrorismo callejero de Tsunami Democràtic del que nadie tenía dificultades para identificar en Jarrai. “Se trata de acciones con un diseño perfectamente trazado y con unas finalidades perfectamente definidas” de subversión del orden público, para desbordar la Constitución y sojuzgar las instituciones del Estado; “constituyen grupos que propugnan la violencia como método de participación política y realizan actos que, por su forma de ejecución, pueden desencadenar gravísimas consecuencias”. Las comillas de este párrafo están tomadas de una sentencia del Supremo que redactó el conspicuo Martín Pallín para condenar por kale borroka a un joven que causó daños al mobiliario urbano por valor de 5.000 euros.
Los que provocó Tsunami costaron tres millones. Sus activistas dejaron a tres policías incapacitados y a otros 80 heridos, amenazaron el control del espacio aéreo y la frontera exterior de España en El Prat, donde un pasajero francés murió de un infarto. Tres días después de ese asalto al aeropuerto, dos piezas clave del Kremlin viajaron a Barcelona. La patética degradación del Gobierno de España fraccionando a la carta el delito de terrorismo para configurar una versión light que no vulnere los derechos humanos nos distrae del verdadero valor de los autos del juez Manuel García-Castellón: lo relevante son los hechos que describe y que se están amnistiando, su inconfundible naturaleza violenta e intolerante y el ascendente jerárquico sobre esas algaradas que demostraba el propio Puigdemont, porque nos sitúan en la quiebra moral hacia la que nos dirige el Ejecutivo.
La gravedad de esas conductas o el potencial destructivo de los explosivos que guardaban los CDR evidencian el auténtico rostro del separatismo y el deslizamiento relativista que alcanza el paroxismo en la operación de propaganda que pretende convertir a los independentistas en víctimas del Estado cuando gobernaba el PP, que junto a jueces, policías y el CNI serían los auténticos responsables de que no hallasen otra salida que el golpe que dieron en 2017.
Los ministros de Pedro Sánchez han superado esta semana el límite de sus propias mentiras al presentar el espionaje a Pere Aragonès como parte de esa rediviva operación Cataluña que atribuyen a Mariano Rajoy. Ángela Martialay y Marina Pina revelaban ayer que la primera vez que el CNI infectó su móvil fue unos meses después de la llegada al poder de Sánchez, que ahora quedaría entre dos alternativas: la primera sería retratarse y aceptar que su propio Gobierno consideraba al líder de ERC, entonces vicepresidente catalán, una amenaza tan grave para el Estado como para que sus servicios secretos intervinieran el teléfono de tan relevantísimo cargo político durante más de un año, y que eso no le impidió sin embargo que terminara como socio; la segunda sería asumir el peso de la sospecha que está atada a la circunstancia de que ese espionaje se prolongara durante las negociaciones con el propio Aragonès de unos presupuestos y dos investiduras. Un imperativo categórico une a los miembros del bloque plurinacional y eso hace inmune a Sánchez.
Uno de los libros más memorables de Applebaum es El ocaso de la democracia. En él concluye que “no existe una hoja de ruta hacia una sociedad mejor, ni una ideología didáctica, ni un libro de reglas. Lo único que podemos hacer es elegir a nuestros aliados y amigos… con mucho cuidado, porque sólo con ellos, juntos, es posible evitar las tentaciones de las diferentes formas de autoritarismo”. También puede ser que sea esa elección precisamente la que conduzca a la degradación de la democracia. La amnistía para mantenerse en el poder borrará el rastro de la injerencia rusa y dejará impunes comportamientos violentos y antidemocráticos. Históricamente, los procesos de quiebra moral siempre han ido seguidos de una fuerte crisis de autoridad.