Los hechos por los que Begoña Gómez será juzgada muestran un ejercicio de influencia al servicio de un interés privado
NotMid 25/09/2025
EDITORIAL
Veinticuatro horas después de que la Audiencia de Badajoz enviara a juicio a David Sánchez, el juez Juan Carlos Peinado resolvió ayer empujar hacia el banquillo a Begoña Gómez. El hecho de que el presidente del Gobierno tenga a su mujer y a su hermano en esta onerosa situación procesal reviste una connotación histórica y un simbolismo político que es un indicio reflejo de la concepción patrimonial del poder del propio Pedro Sánchez. Con independencia del curso penal de ambas causas, ya nadie puede discutir la responsabilidad política del presidente, pese a que desde el inicio de la investigación él y sus altavoces mediáticos intentan diluir la exigencia de rendición de cuentas a través de la demagógica acusación de lawfare. Los escándalos que copan la agenda judicial del Ejecutivo son incompatibles con la dignidad del Estado y del cargo del propio presidente.
El juez instructor propone que sea un jurado popular el que juzgue a Begoña Gómez por malversación en una pieza separada centrada en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, que habría realizado tareas privadas para ella. Más allá de la excéntrica citación que ambas han recibido para comparecer este sábado, y en prudente espera de comprobar si la Audiencia Provincial de Madrid respalda a Peinado, lo relevante son los hechos. Que La Moncloa integrase en su estructura a una asistente personal que se dedicó, entre otras cosas, a pedir dinero para la cátedra universitaria de la mujer del presidente -hasta el punto de solicitar a la Universidad Complutense de Madrid el doble de salario para Gómez- implica un uso políticamente inaceptable de los recursos públicos.
El juez Peinado, apoyándose en la Audiencia de Madrid, que el pasado junio ratificó la imputación de la asesora de Gómez, señala que el hecho de que Cristina Álvarez realizara actividades privadas de la mujer del presidente «podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados. Y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno». Los hechos, por tanto, revelan un ejercicio de influencia al servicio de un interés patrimonial del poder cuya fuente es el propio presidente. Es la misma influencia que llevó a la Diputación de Badajoz a contratar como directivo a David Sánchez o la que explica tanto la instrumentalización institucional como la autoridad que Sánchez concedió a José Luis Ábalos, lo que permitió al ex secretario de Organización del PSOE ser el nexo entre este partido y la trama de hidrocarburos, cuyo epicentro era Víctor de Aldama, a su vez, comisionista de la red Koldo.
Inmerso en esta estrategia de erosión de las instituciones y de la separación de poderes, el Gobierno se lanzó ayer a desacreditar al juez Peinado, lo que resulta especialmente irresponsable en boca del ministro de Justicia. Lo cierto es que una democracia moderna no puede asistir a semejante anomalía y degradación por parte del jefe del Ejecutivo y de su esposa.
