Se entiende que, si Junts hubiera dicho que Cataluña necesitaba gestionar la inmigración para poder abrir del todo sus fronteras, Podemos y los demás díscolos habrían votado a favor
NotMid 25/09/2025
OPINIÓN
DAVID JIMÉNEZ TORRES
Este martes, el Congreso rechazó la proposición de ley que habría traspasado las competencias de inmigración a las instituciones catalanas. Más allá de lo que indica sobre la debilidad parlamentaria del Gobierno, o sobre la importancia que va cobrando el tema migratorio, el episodio expone una contradicción en el discurso de nuestras izquierdas. -La oposición votó en contra de la transferencia con el argumento -bastante sensato de que el Gobierno central no debe ceder esta competencia a una comunidad autónoma.
Pero Podemos y algunos diputados de Sumar lo hicieron por lo que veían como el fondo “racista” de la medida. El problema no sería la delegación en sí, sino cómo se justifica y qué se desea hacer con ella. Se entiende que, si Junts hubiera dicho que Cataluña necesitaba gestionar la inmigración para poder abrir del todo sus fronteras, Podemos y los demás díscolos habrían votado a favor.
El caso es que las izquierdas españolas llevan décadas presentando la expansión del “autogobierno” como un bien en sí mismo. En los últimos tiempos incluso se ha dado a entender que esa descentralización puede ser prácticamente ilimitada. Las reivindicaciones de la autonomía del Congreso y de las lecturas creativas y abiertas de la Constitución sugieren que los límites entre qué competencias deben permanecer en manos del Gobierno central y cuáles se pueden ceder a los autonómicos son completamente elásticos: todo depende de la voluntad del legislador y del Tribunal Constitucional. Sin embargo, si la descentralización es un bien en sí mismo, y si no hay problema con que el sistema tenga ese grado de flexibilidad, entonces debería dar igual qué hacen las autonomías con sus competencias.
Pero esta consecuencia lógica no se asume, y no solo en el tema de la inmigración: el sanchismo lleva años clamando contra las políticas fiscales de los gobiernos regionales del PP -sobre todo el madrileño-, y proponiendo que se limite su capacidad de bajar impuestos. El problema de todo esto no es solo detectar hipocresía en el discurso oficialista. El problema mayor es comprobar que, a la altura de 2025, la evolución del sistema autonómico sigue dependiendo del oportunismo político, las negociaciones cortoplacistas y la disposición a cabalgar contradicciones… siempre que convenga.