NotMid 20/03/2026
OPINIÓN NotMid
Una delegación de funcionarios del Senado estadounidense aterrizó en Caracas con un objetivo claro: evaluar los avances del “Plan Trump-Rubio”, poniendo la lupa en la delicada etapa de reconciliación. Sin embargo, tras su reunión del miércoles con la comisión parlamentaria de seguimiento a la Ley de Amnistía, queda un vacío alarmante: no hay rastro de que la voz de las víctimas de la represión, ni la de sus familias, haya sido realmente escuchada.
La verdadera temperatura de esta supuesta “reconciliación” no se mide en despachos, sino en el asfalto. En las calles, los familiares de los presos políticos denuncian lo que es a todas luces una burla: una Ley de Amnistía que, a solo un mes de su aprobación, ha sido reducida a cenizas. Los ejecutores de este retroceso son jueces que, lejos de impartir justicia, actúan como piezas de un engranaje diseñado para perpetuar la persecución política.
No nos engañemos; estos magistrados no actúan por cuenta propia. Responden a una línea de mando vertical, a esa orden “de arriba” que autoriza y promueve este despropósito jurídico.
Es posible que ya lo esté haciendo, pero por si acaso, le extendemos una invitación a la embajadora Dogu: que salga a la calle y ponga el oído en la tierra. Le aseguramos que el clamor de quienes sufren la injusticia le dirá mucho más de lo que jamás escuchará en los pasillos del Palacio de Miraflores.