Si el presidente de la Sepi participaba en una red corrupta, parece inverosímil que el Gobierno y su entorno no lo vieran, no lo permitieran o no lo alentaran
NotMid 12/12/2025
EDITORIAL
La operación desplegada por la Audiencia Nacional y la UCO en torno a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) no es un episodio más en la maraña de investigaciones judiciales que marcan la legislatura: es la constatación de que la corrupción ha sido de naturaleza sistémica. Si las sospechas se confirman, ésta anidó en la misma sala de máquinas del Estado, de la mano no de actores secundarios, sino de cargos públicos al más alto nivel. A la trama conocida en torno al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se suma ahora la vinculada al que fue presidente de la Sepi, Vicente Fernández, mano derecha de María Jesús Montero e igualmente nombrado por Pedro Sánchez en cuanto llegó al poder. Que la Guardia Civil busque pruebas de corrupción en esta sociedad es de una gravedad extraordinaria: la Sepi gestiona las inversiones y participaciones estratégicas del Estado -6.000 millones de euros anuales- y es un nodo crítico en la arquitectura económica nacional.
Las pesquisas de la UCO apuntan a una perturbadora anomalía institucional que, además, sitúa a Montero bajo sospecha. Vicente Fernández era el fiel alfil de la ministra -ambos venían de trabajar juntos en Andalucía- y su confianza en él era tal que durante los 18 meses siguientes a su cese tras su imputación por el caso Aznalcóllar, ella mantuvo el cargo vacante a la espera de su regreso. Pues bien, en ese periodo, según consideran los investigadores, Fernández siguió orquestando amaños «en la sombra» mientras estaba protegido por la hoy vicepresidenta. Esa interinidad, ya de por sí extraordinaria, señala directamente a Montero. Que la también número dos del PSOE se refiera ahora al detenido como «este señor» provoca auténtica incredulidad.
Fernández, que incrementó notablemente su patrimonio en esos años, ha sido detenido junto con Leire Díez -la fontanera del PSOEy ex directiva de Enusa (Empresa Nacional del Uranio) y Correos- y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar. La UCO detectó que entre los tres primeros formaban un triángulo que presuntamente amañaba adjudicaciones irregulares.
Lo que ha quedado expuesto -incluidos los registros simultáneos en empresas públicas estratégicas como la Sepi, Enusa y Mercasa- salpica de lleno al corazón mismo del Estado. La coincidencia entre cargos, tiempos y estructuras delimita un marco que excede la corrupción individual, porque la influencia de los investigados no puede entenderse sin el dirigente político que los nombró y los respaldó. Si el presidente de la Sepi participaba en una red corrupta, parece inverosímil que el presidente del Gobierno y su entorno no lo vieran, no lo permitieran o no lo alentaran. No hablamos de un contratista periférico ni de un ayuntamiento remoto, sino del núcleo del aparato económico del Estado.
La percepción es la de un Gobierno y un PSOE que se derrumban. Pedro Sánchez está obligado, al menos, a dar una explicación proporcional a la gravedad de todo este cúmulo de revelaciones. Porque lo que está en juego ya no es la capacidad de la ciudadanía para aceptar una trama más, sino la confianza en que el país sea gobernado para servir al interés general y no como un botín en reparto.