Ignora a Bruselas e impulsa su reforma judicial por otra vía exprés
NotMid 21/12/2022
EDITORIAL
El presidente Pedro Sánchez compareció ayer por la mañana para, enfundado en un traje de pretendida institucionalidad, prometer que el Gobierno acatará la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender cautelarmente la tramitación parlamentaria de su reforma judicial. El Ejecutivo tiene una curiosa forma de comprender el acatamiento. Por la tarde supimos que el PSOE y su mayoría política han decidido desoír la resolución del TC mediante otra fórmula, igualmente urgente, para mantener vivo su plan destinado a tomar el control del tribunal. No sólo eso: el Gobierno ignorará incluso las últimas advertencias de Europa.
La Unión Europea no suele intervenir cómodamente en la política doméstica de sus estados, pero conoce bien las diferencias políticas en España respecto al poder judicial. Ya frenó hace dos años la reforma legislativa con la que PSOE y Podemos pretendieron ahondar en la politización partidista de la Justicia. Y viene reclamando de forma insistente la reforma del modelo de elección para que la mayoría de los jueces sean nombrados por sus semejantes. Pues bien, ayer la institución comunitaria se pronunció con contundencia. Avaló la actuación del TC, en contra de los intereses del Gobierno; le recordó que debe respetar al tribunal y cumplir las normas; y, por encima de todo, le envió públicamente el mensaje de que, según los estándares europeos, las reformas judiciales de calado requieren «consultas previas» a todas las partes implicadas, desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta las asociaciones de jueces y fiscales. No cabe, por tanto, modificar las reglas fundamentales con cambios legales exprés y unilaterales.
La respuesta del presidente ha sido, fiel a su trayectoria, una huida hacia delante. Los socialistas preparan una proposición de ley en la que incorporarán el contenido de las dos enmiendas paralizadas por el Constitucional. La nueva vía es también de urgencia. El debate parlamentario será más amplio que el previsto con la fórmula anterior, pero un proyecto tan sensible y que afecta al núcleo de la Constitución seguirá sin contar con los informes preceptivos del CGPJ, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal, esas partes implicadas a las que se refiere Europa.
En su mensaje, Bruselas citó además los casos de Hungría y Polonia, donde los gobiernos han manipulado al poder judicial saltándose los procedimientos. En una democracia liberal los procedimientos -las formas, las leyes- lo son todo. El Gobierno no puede invocar el imperio de la ley mientras alimenta la dialéctica del enemigo y sigue impulsando cambios legislativos que pervierten el espíritu constitucional, incluidos la supresión de la sedición y el abaratamiento de la malversación, que hoy aprobará el Senado. Que el presidente hable de «serenidad» no resulta creíble. La ciudadanía está preocupada y necesita consensos constitucionales, como los que ayer ofreció Feijóo; no pactos destinados a expulsar al centroderecha del debate público y a subvertir, poco a poco, la Constitución.
