NotMid 20/01/2026
OPINIÓN NotMid
El reciente comunicado de Mariana González de Tudares no es solo un testimonio valiente; es la radiografía de un sistema que ha sustituido la justicia por el secuestro político. La condena de 30 años contra su esposo, Rafael Tudares —yerno del Presidente Electo—, dictada sin pruebas y bajo un proceso viciado, es apenas la punta del iceberg de una perversión mayor.
Lo que verdaderamente estremece y llama a la indignación nacional es la denuncia de una trama de extorsión ejecutada en tres escenarios que deberían ser sagrados o, al menos, neutrales: sedes diplomáticas, espacios eclesiásticos y oficinas de derechos humanos.
El canje de la libertad por la renuncia
La extorsión fue quirúrgica y cruel: se le exigió a Mariana que coaccionara a su padre para que abandonara la lucha política a cambio de la libertad de su esposo. Este chantaje no ocurrió en callejones oscuros, sino bajo el amparo de instituciones que gozan de inmunidad o prestigio moral.
- A la Iglesia Católica: El Arzobispado de Caracas y la Conferencia Episcopal Venezolana deben una explicación urgente. Existe una frontera ética infranqueable entre la mediación humanitaria y permitir que sus recintos se conviertan en salas de interrogatorio o centros de presión política.
- Al Cuerpo Diplomático: Resulta alarmante que sedes de embajadas se hayan prestado para esta “chapuza”. Si bien el historial de ciertos aliados del régimen sugiere complicidad, cualquier país que se precie de democrático y haya permitido esto en su territorio debe responder de inmediato ante la comunidad internacional.
- A las Organizaciones de DD.HH.: Aquellas entidades que, bajo el rótulo de la defensa humana, terminan salvaguardando los intereses del poder, enfrentan hoy el juicio de la historia.
Sin espacio para la impunidad
La identidad de estos “mediadores” saldrá a la luz. No habrá sotana, cargo diplomático ni credencial internacional que logre camuflar lo que en esencia es un delito de extorsión. Quienes participaron en este asedio contra la familia del Presidente Electo deben saber que el argumento de la “buena voluntad” no exime de responsabilidad penal ni moral.
El país espera respuestas. El silencio ante tales denuncias no es prudencia, es complicidad. Los extorsionadores, aunque vistan de gala o lleven un crucifijo en el pecho, siguen siendo eso: victimarios que juegan con la libertad de los venezolanos.
