Los gestores piden un marco normativo más enfocado a las pymes, repensar el reparto de los fondos europeos y que el IRPF se ajuste a la inflación
NotMid 18/07/2022
ESPAÑA
Los concursos de acreedores rozan la cifra total de 2021 en solo seis meses. Según datos de los Gestores Administrativos, a partir de las estadísticas de los Registradores, a 30 de junio se solicitaron 4.264 concursos de acreedores por parte de empresas del tejido productivo español, el 78% de los 5.496 presentados durante todo el ejercicio pasado.
Se prevé que las solicitudes aumenten a mayor ritmo a partir de ahora, máxime habida cuenta de que el pasado 30 de junio expiró la moratoria concursal arbitrada para paliar o demorar los efectos de la pandemia sobre las empresas españolas.
El presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, pronostica que a cierre de este año como mínimo se duplicará -e, incluso, en el peor de los casos, podría triplicarse- la cifra de concursos registrada el año anterior. Y reitera que hay más de 100.000 empresas en riesgo, de las cuales unas 14.000 están abocadas a solicitar el concurso a corto plazo.
Leyes desadaptadas del tejido productivo español
El problema, explica Santiago Ollero, es que de las 86.000 restantes no todas se recuperarán -finalidad que está en el espíritu de la ley concursal- y algunas soslayarán la presentación de concursos para evitar los costes de abogado y procurador, pudiendo meramente cerrar sin pasar por el proceso.
Por ello, el presidente de los Gestores reclama que la normativa concursal se aproxime más a su espíritu y hace ver cómo en otros países de nuestro entorno se presentan más concursos, bajo la óptica de relanzar la empresa en dificultades.
En cualquier caso, el portavoz de los Gestores destaca que la mayoría de las leyes que afectan al ámbito mercantil están desadaptadas de la configuración del tejido productivo español, en su 98% compuesto por pymes, y están diseñadas para compañías de mayor envergadura. En este sentido, destaca cómo el marco que afecta al sector financiero provoca que la banca no esté concernida con las pymes y encuentre más facilidades para contratar con la gran empresa.
Menos crecimiento y más inflación
El presidente del Consejo General de los gestores desconfía del éxito de los créditos avalados por el ICO. Considera que fue una solución arbitrada a corto plazo que puede no dar los frutos esperados a medio plazo. Relata los múltiples problemas que han afrontado las pymes para tratar de obtener esta financiación, sobre todo en los sucesivos plazos fijados para ampliar carencias y periodos de amortización.
Por otra parte, Santiago Ollero hace unas proyecciones macroeconómicas ciertamente preocupantes, máxime cuando los gestores son quienes en primera línea detectan las debilidades de las pymes. Sentencia el presidente de los gestores que es falso que el IPC esté en el 10,2%, porque el dato oficial encubre alzas mayores en índices de referencia para sectores industriales, algunas del entorno del 30%.
Reconoce que más de dos años después del inicio de la pandemia este verano habrá dinamismo en el turismo y los viajes, pero augura un otoño negro y un debilitamiento económico que se acendrará hasta diciembre. Augura un «año cero» para 2023 y vislumbra algunos atisbos de recuperación para 2024.
Sobrecostes empresariales
Remacha los problemas de liquidez por los que atraviesan las pymes y refleja que sus sobrecostes obligarán a replantearse sus políticas de precios en un contexto de inflación de dos dígitos y costes de suministros más altos.
Fernando Santiago resalta las dificultades de los pequeños negocios para recuperar los niveles de ingresos y de rentabilidad previos a la pandemia. A lo que hay que sumar el sobreendeudamiento para muchos de ellos y el incremento de los costes, lo que genera la caída de la rentabilidad que ya reflejaba el barómetro de abril de los gestores. En él, se indicaba que el 70% de las pymes y autónomos obtienen en lo que va de año menor rentabilidad que el pasado ejercicio.
Por otra parte, reclama al Gobierno que deflacte el IRPF para detener la subida de impuestos indirecta que ha supuesto la falta de ajuste a la inflación de los tramos del impuesto.
También anima a que se abra la Inspección de Trabajo a la monitorización de los contratos fijos-discontinuos e indefinidos a tiempo parcial en orden a comprobar si se está camuflando temporalidad bajo figuras de contratación indefinida.
Es prematuro valorar la reforma laboral
En clave laboral, Santigo pide prudencia. El porcentaje alto de empleo público o la cantidad de contratos fijos discontinuos y los fijos a tiempo parcial son otros de los indicadores que no permiten aun asegurar que la reforma laboral ha sido un éxito.
«Esperemos a final de año para hacer una valoración más objetiva. En todo caso, lo que percibimos a pie de calle es que los pequeños empresarios están preocupados con la reforma y que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de los dos últimos años les ha supuesto un fuerte crecimiento de los costes salariales, así como abortar nuevas contrataciones previstas», destaca.
Además, los gestores solicitan que el Gobierno se replanteen el reparto de los fondos europeos para que alcancen los objetivos que debían perseguir tales ayudas.
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