Los extremeños, madrileños y asturianos pagarán la factura de esta subasta inmoral y profundamente insolidaria
NotMid 03/11/2023
EDITORIAL
El acuerdo con el que Pedro Sánchez se asegura el apoyo de ERC a su investidura supone la destrucción de facto de la igualdad entre españoles y entre territorios. Bajo el relato falso de que Cataluña es una región infrafinanciada, el PSOE se compromete a que el Estado asumirá el 20% de la deuda catalana por valor de 15.000 millones de euros. A esta escandalosa cifra se suman otros 1.300 millones en intereses. Lo que esto significa es que los ciudadanos que habitan en el resto de comunidades autónomas -al margen del País Vasco y Navarra- serán quienes paguen con sus impuestos la investidura del presidente. Extremeños, andaluces, madrileños, asturianos… abonarán la factura de esta subasta inmoral y profundamente insolidaria mientras el Gobierno anuncia nuevas subidas fiscales.
Por primera vez, un partido nacional pacta con una región una generosísima condonación de su deuda, de forma bilateral y sin haberlo debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se sientan el Estado y las CCAA de régimen común. El Gobierno alega que esta fórmula será aplicable a todas ellas, pero es una trampa, pues se reserva la capacidad de hacer el cálculo de la deuda concreta que asumirá en cada caso.
Privilegiar de forma tan ostensible a Cataluña, y con el único fin de conservar el poder, no solo desestabilizará aún más el sistema autonómico, sino que envía un mensaje letal: se premia a quien más se ha endeudado, y además ha empleado fondos públicos para dar un golpe contra la convivencia y el orden constitucional, con cargo a las cuentas -al dinero disponible para sanidad y educación- del que se ha conducido con mayor prudencia.
El agravio es mayúsculo, sobre todo para las autonomías realmente infrafinanciadas según Fedea (Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha). La rebelión autonómica ya ha arrancado. El presidente aragonés, Jorge Azcón, lo resume con acierto: «Lo que Cataluña no paga lo pagamos todos». También el asturiano, el socialista Adrián Barbón, exige «igualdad de trato». El poder autonómico popular está llamado a librar una batalla justa que sin embargo concierne a todos. Incluidos los afiliados del PSOE que están votando en la consulta de Ferraz. ¿El precio del poder, además de en una ley de amnistía, puede consistir en que las regiones pobres paguen el tren de vida de las ricas?
A la espera de conocer el acuerdo con Junts, que Carles Puigdemont paralizó ayer, el documento firmado por Oriol Junqueras y Félix Bolaños incluye otras cesiones inaceptables: un mediador verificará el cumplimiento de los pactos, y en la «mesa de diálogo» se abordará la posibilidad de un referéndum. ¿Hay algo que Sánchez no haya entregado al independentismo a cambio del poder? ¿Cabe imaginar un mayor troceamiento de la igualdad ante la ley y de la igualdad de oportunidades entre españoles?
