Los asuntos nucleares como el modelo territorial no pueden negociarse a espaldas de 11 millones de españoles
NotMid 27/07/2023
EDITORIAL
El independentismo catalán ha leído correctamente los resultados del 23 de julio: la debilidad política de Pedro Sánchez supone una oportunidad para que ERC y Junts retomen la vía hacia la autodeterminación. Si bien manejan tiempos distintos, los dos comparten un mismo objetivo final, que pasa por forzar al Estado a autorizar un referéndum prohibido por la Constitución. La continuidad de Sánchez en La Moncloa depende del apoyo de ambas siglas (en forma de abstención, en el caso de Junts), y esa ventaja las sitúa, igual que a Bildu, en una posición de enorme fortaleza negociadora, en detrimento de los intereses del conjunto de los españoles.
En el primer pleno del Parlament tras las elecciones generales, el president Pere Aragonès hizo ayer un explícito llamamiento a su ex socio independentista para unirse en un frente común: «Las circunstancias nos dan una segunda oportunidad. Aprovechémosla como si fuera la última». El portavoz de Junts se comprometió a explorar la oferta, aunque la decisión depende de una figura tan imprevisible como Carles Puigdemont.
Junts ya no es la Convergència con la que PP y PSOE podían pactar, sino un partido antisistema que añora los días duros del 1-O y cuya voluntad es «doblegar» al Estado. Cualquier elemento moderado ha sido purgado del partido que desde Waterloo dirige el prófugo Puigdemont, ya carente de inmunidad parlamentaria. Por ahora, Junts exige al PSOE la «amnistía» de los encausados por el procés -incluida la suya propia- y la autorización de un referéndum. En cambio, Esquerra, castigada electoralmente tras su colaboración con Sánchez, plantea peticiones menos ambiciosas: el traspaso de Rodalies, el fin del llamado déficit fiscal y mantener la «mesa de diálogo» con el Gobierno para «negociar un referéndum».
El PSOE presenta su derrota en las urnas como un triunfo y su victoria en Cataluña como un aval a su plan de apaciguamiento. Es cierto que allí los socialistas han logrado más votos que todos los nacionalistas juntos, que han cosechado su peor resultado desde hace diez años. Pero de poco sirve ese sorpasso si el margen de los independentistas para condicionar la gobernabilidad del Estado es aún mayor que en la legislatura en que ERC consiguió suprimir el delito de sedición.
El Gobierno en funciones asegura que no se moverá del marco constitucional, pero parece difícil que ERC y sobre todo Junts regalen sus votos a cambio de nada, más aún cuando se enfrentarán el año que viene a unas elecciones autonómicas. Los próximos pasos son ahora una incógnita, pero la probada ambición de Sánchez solo puede generar intranquilidad. Como recordó ayer Isabel Díaz Ayuso, los asuntos nucleares como el modelo territorial no pueden negociarse a espaldas de los 11,1 millones de españoles que han votado al PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. No es una minoría, sino la mitad del país.
