Las líneas de actuación comunitarias tienen como prioridad evitar la presión de los estados y otros actores sobre los informadores y no al revés
NotMid 04/05/2024
EUROPA
Desde hace años, los bulos son un tema prioritario en la Unión Europea. No es casualidad que la Comisión Europea abriera un expediente esta semana a Meta (Facebook, Instagram…), por no hacer lo suficiente contra la injerencia de terceros países (y en concreto, Rusia). Es un asunto relevante, y se han hecho avances notables. En todo caso, las líneas de actuación se inclinan por códigos de buenas conductas voluntarios y en el papel de las plataformas, no en el contenido de los medios. En concreto, las últimas iniciativas, de este mismo año, tienen como prioridad evitar la presión de los estados y otros actores sobre los periodistas y no al revés.
En 2016, Bruselas puso en marcha la StratCom Task Force, concebida para combatir la desinformación e injerencia, sobre todo, tras la ocupación rusa de Crimea y el referéndum del Brexit. En 2018, se publicó un informe de un grupo de expertos de alto nivel y más adelante un Código de Prácticas sobre desinformación, «una herramienta innovadora de autorregulación para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas de las plataformas en línea».
En 2020 se dieron más pasos contra la difusión de bulos sobre el Covid19, se lanzaron centros nacionales del Observatorio Europeo de Medios Digitales para «exponer campañas de desinformación» y hubo una propuesta legislativa sobre transparencia de la publicidad política. Y en 2022 se reforzó el Código de Buenas Prácticas. El siguiente paso, este mismo, es el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, para «proteger a los periodistas y a los medios de comunicación de las injerencias políticas, facilitando al mismo tiempo su actividad transfronteriza dentro de la UE».
No hay ninguna regulación europea en la línea de lo que parece sugerir el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre los «bulos» y el «fango», y la posición comunitaria es que ya existen los códigos penales para abordar las difamaciones o mentiras. En realidad, tras los ataques a la independencia de los medios desde gobiernos de países autoproclamados iliberales (o asesinatos de periodistas en Malta o Eslovaquia) desde las instituciones el mensaje es de apoyo total a la libertad de expresión y de prensa. Las obsesiones de la UE tienen que ver con la injerencia de terceros países, sobre todo Rusia, y las falsedades que buscan desacreditar a las instituciones. Ahí la tolerancia camina hacia el cero y hay menciones recurrentes, casi diarias. Pero no para la crítica política interna.
Sin embargo, tanto ese Reglamento de Libertad de Medios como las directivas en tramitación o aprobadas abren la puerta a que el Gobierno español haga movimientos que incluso son de obligado cumplimiento, pero lo presenten como una respuesta a los cinco días de reflexión del presidente. «El Reglamento de Libertad de los Medios, que persigue la transparencia de la publicidad institucional o la garantía de pluralismo de los medios públicos, entra en vigor en los próximos meses. Es de aplicación inmediata, el Ejecutivo tiene que actuar, por lo que se podría ver como una reacción», explica Luis Bouza García, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los mayores expertos en la materia.
MEDIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
La legislación que la Eurocámara validó en marzo aborda problemas como los ataques contra los medios, la interferencia gubernamental en las decisiones editoriales, la situación de los medios públicos o la falta de transparencia en la propiedad de las empresas del sector. Pero más que limitar informaciones sobre el poder, estipula por ejemplo que cada país tendrá que tener su legislación con criterios para escoger a los altos cargos de medios públicos, sin mandatos y que estén financiados de forma sostenible. Para los privados, deberá existir una base de datos nacional sobre la propiedad, el accionario y quién tiene capacidad de influencia en su línea. Y es una ocasión para mensajes ambiguos.
Existe también una parte referente al control de los lobbies y la llamada Directiva antiSLAPP, que tiene por objeto proteger a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos en las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP por sus siglas en inglés). Se trata de demandas presentadas contra esas personas para impedirles informar a los ciudadanos y notificar cuestiones de interés público. Y España debe transponerla en el próximo año y medio, otra posibilidad para que el Ejecutivo presente medidas que en todo caso le corresponde adoptar.
El profesor García Bauza explica que, como a menudo en materias relevantes, España «tarde y mal» a la cuestión del impacto de la desinformación en la seguridad nacional. Alemania sacó un paquete en 2018, Francia poco después, aunque lo tumbó su Constitucional. Y los países del Báltico han sido pioneros y su enfoque, tanto de control como de alfabetización digital, es el que ha terminado por imponerse. Son mecanismos que obligan a retirar contenido falso de las plataformas en menos de 24 horas para temas muy graves y en menos de una semana para otros. Pero que, al mismo tiempo, ahora, dan cobertura a los medios e impiden que una plataforma pueda hacerlo automáticamente con sus publicaciones, no al menos si consultar antes.
Agencias